Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado en calidad de investigada por presunta malversación de caudales públicos. Este nuevo delito se suma a otros por los que ya ha declarado, como tráfico de influencias y corrupción en los negocios, que en conjunto podrían acarrear una pena de hasta 23 años de prisión.
La comparecencia, inicialmente prevista para el 11 de septiembre, fue adelantada un día a petición de su defensa, a cargo del exministro Antonio Camacho. El cambio se debe a que Camacho tenía otra cita judicial en Tenerife el mismo día. Junto a Gómez, también declarará como imputada su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
Según el auto judicial, el juez Peinado sostiene que «los indicios recabados permiten concluir que se destinaron fondos públicos a fines ajenos al interés general mediante la contratación de personal eventual en el Gabinete de Presidencia». En este contexto, se investiga el papel de la asesora Cristina Álvarez.
El magistrado ha solicitado a la Presidencia del Gobierno la entrega de todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Gómez desde julio de 2018 para examinar posibles instrucciones irregulares, una diligencia clave para la investigación.
A la asesora Cristina Álvarez se la investiga específicamente por su nombramiento y retribución como directora de programas en el Gabinete presidencial desde 2018.
Además de la malversación, Begoña Gómez enfrenta cargos por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional, vinculados también a su actividad en la Cátedra de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). La investigación se centra en su supuesta intermediación para favorecer adjudicaciones y contrataciones, y en el posible beneficio personal obtenido de estas acciones.
Si fuera condenada por todos los delitos, las penas podrían oscilar entre 3 y 23 años de cárcel, además de la inhabilitación para ejercer cargos públicos. A modo de referencia, la pena por malversación puede ser de 2 a 12 años de prisión, mientras que el tráfico de influencias conlleva de 6 meses a 2 años. La corrupción en los negocios puede sancionarse con hasta 6 años, y la apropiación indebida e intrusismo con hasta 3 y 2 años, respectivamente.
La investigación del juez Peinado también incluye a otros funcionarios y responsables de la Secretaría General de Presidencia, quienes autorizaron y gestionaron los pagos a Cristina Álvarez y otros cargos eventuales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está analizando correos y documentación para reconstruir las órdenes de pago. El juzgado ha requerido informes detallados a Moncloa sobre quiénes autorizaron estas gestiones.
La defensa de Begoña Gómez insiste en que todos los nombramientos y pagos se realizaron conforme a la ley y cuentan con el respaldo jurídico. Fuentes cercanas a la defensa señalan que «no existen pruebas concluyentes de irregularidad». La declaración del 10 de septiembre será crucial para el proceso, y según fuentes judiciales, los interrogatorios podrían determinar si el caso avanza a juicio oral.
