La Asociación Profesional Justicia Guardia Civil (JUCIL), la asociación más representativa en el Consejo de la Guardia Civil, ha registrado un escrito formal dirigido al Ministro del Interior en el que solicita información detallada sobre los dispositivos de seguridad durante la pasada Vuelta Ciclista a España. En él, además de expresar su profunda preocupación por la «grave situación de riesgo» en la que se encontraron tanto los ciclistas como los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, y denuncia una planificación «claramente insuficiente».
El escrito, firmado por su secretario general, Ernesto Vilariño, subraya que las protestas ocurridas durante la competición, promovidas en unos casos y alentadas en otros por «diferentes cargos públicos» contra las acciones del Gobierno de Israel, pusieron en peligro la integridad física de los efectivos desplegados y de la propia ciudadanía. Además, señala que estas manifestaciones no solo interferían con el desarrollo normal de la carrera, sino que culminaron con la suspensión de la última etapa y la ceremonia final en Madrid.
En el documento, JUCIL critica duramente la gestión de la seguridad, calificando el dispositivo planificado para la etapa final en Madrid como «absolutamente insuficiente». La asociación asegura que los agentes intervinientes confirmaron la falta de medios y efectivos para controlar a los grupos radicales que se unieron a las protestas, lo que resultó en disturbios, enfrentamientos y la suspensión del evento. «Las instrucciones y órdenes no se ajustaban a las necesidades operativas», indica la asociación mayoritaria de la Benemérita, que lamenta la falta de firmeza para contener a los grupos que incumplían las órdenes y se enfrentaban a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ante la gravedad de los hechos, JUCIL ha solicitado al Ministerio del Interior un amplio abanico de datos para «valorar el ejercicio de posibles acciones». Entre la información requerida se encuentran:
- Copias de los atestados e informes de incidentes de todas las etapas.
- Detalle de identificaciones, denuncias penales y administrativas por desórdenes públicos, atentado a la autoridad o resistencia.
- Información sobre el número de efectivos planificados, tanto al inicio como los refuerzos posteriores.
- Dispositivo y órdenes específicas para la etapa final en Madrid.
- El número de agentes heridos o lesionados durante las acciones.
JUCIL concluye su escrito afirmando que esta solicitud es un paso necesario para proteger a los agentes, cuya «vida y la integridad física» se vieron directamente afectadas. La asociación insiste en que la falta de una planificación adecuada y la permisividad hacia las protestas constituyen un grave riesgo laboral para los guardias civiles, cuyos intereses profesionales y de seguridad se ven comprometidos.
