Lo que comenzó como una intervención policial en las calles de A Coruña ha desembocado en una tragedia y un clamor de justicia que sacude los cimientos de las instituciones gallegas. La muerte de Yoni Barrul, ciudadano de etnia gitana, ha encendido las alarmas tras las graves acusaciones de su familia y de la Sociedad Gitana Española, quienes denuncian un presunto delito de asesinato a manos de las fuerzas de seguridad.
Según los testimonios recogidos en el lugar, los hechos ocurrieron ante la mirada aterrada de la esposa y la cuñada de la víctima. Las declaraciones de los familiares describen una escena de extrema violencia protagonizada por efectivos de la Policía Local y la Policía Nacional.
«Gritamos y suplicamos que pararan, les advertimos que lo iban a matar», relatan las testigos, aún en estado de shock.
De acuerdo con estas versiones, Barrul recibió una serie de impactos que provocaron su caída violenta contra el pavimento. Los familiares aseguran que, lejos de cesar la agresión al ver a la víctima inconsciente e indefensa, los agentes continuaron golpeándolo. La controversia aumenta ante la gestión de la emergencia: la familia sostiene que, al notar que Yoni no reaccionaba, los agentes optaron por trasladarlo ellos mismos en lugar de solicitar una ambulancia medicalizada de urgencia.
Poco después del incidente, la comunicación oficial recibida por la familia atribuyó el fallecimiento a un infarto de miocardio. Sin embargo, esta explicación ha sido rechazada de plano por los allegados de Barrul.
La familia ya ha formalizado la contratación de servicios jurídicos para demostrar que el fallo cardíaco no fue una causa natural, sino la consecuencia directa de la «paliza desmedida» recibida durante la intervención. La Sociedad Gitana Española ha sido tajante: no permitirán que este caso se cierre como un incidente médico y exigen que se trate como un presunto asesinato.
La consternación se ha transformado en indignación en toda Galicia. Miguel Valverde, en representación de la Sociedad Gitana Española, ha emitido un comunicado oficial donde subraya que en un Estado de derecho no pueden permitirse abusos de poder con resultados de muerte.
Las exigencias de la comunidad son claras:
- Investigación exhaustiva: Piden al Ayuntamiento de A Coruña, a la Delegación del Gobierno y a la Xunta de Galicia una depuración de responsabilidades inmediata.
- Penas máximas: Reclaman que los agentes implicados sean juzgados con todo el rigor de la ley.
- Reuniones de alto nivel: Se ha solicitado un encuentro urgente con la Alcaldesa de A Coruña, el Delegado del Gobierno y el Presidente de la Xunta.
«Han quedado atrás los tiempos en los que estos abusos eran encubiertos», reza el comunicado de la organización. La comunidad gitana ha dejado claro que este caso marcará un antes y un después en la vigilancia de la brutalidad policial, prometiendo una movilización permanente hasta que se esclarezcan los hechos ocurridos en la noche del luneas al martes
