Las inquilinas e inquilinos de viviendas propiedad de Nestar-Azora y Fidere/Testa (Blackstone) en la Comunidad de Madrid han anunciado el inicio de una ofensiva social para impedir la venta masiva de más de 17.000 viviendas. Organizadas en el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, las afectadas exigen al Gobierno central que ejerza su derecho a recuperar estos hogares para el parque público a través de Casa47, la nueva herramienta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Desde el Sindicato denuncian que estos fondos han obtenido beneficios extraordinarios durante más de una década a costa de viviendas que, en gran medida, fueron de protección oficial (VPO). Entre ellas se encuentran las 1.860 viviendas que el Ayuntamiento de Madrid vendió a Blackstone en 2013 por apenas 68.000 euros cada una. «Tras adquirirlas a precio de saldo, han impuesto subidas abusivas y cláusulas ilegales sin realizar el mantenimiento mínimo», denuncian desde la plataforma.
La campaña nace con el optimismo de las victorias recientes. El Sindicato recuerda que en Cataluña se ha logrado frustrar una venta multimillonaria de la Fundación La Caixa, consiguiendo que la Generalitat recupere y blinde 1.700 viviendas como VPO tras nueve meses de huelga de alquileres.
En Madrid, el precedente también acompaña a las inquilinas: en 2021 se forzó a Blackstone a la mayor negociación colectiva del país con la campaña #NosQuedamos, y actualmente las vecinas de Nestar-Azora mantienen una huelga de alquileres parcial contra el cobro abusivo del IBI y gastos de comunidad.
Las vecinas han sido claras: no permitirán que sus casas vuelvan a ser objeto de especulación en el mercado libre. El objetivo de la integración en Casa47 es garantizar:
- Alquileres estables y asequibles vinculados a la renta.
- Seguridad residencial a largo plazo para las familias.
- Fin de la gestión abusiva de los fondos buitre.
«No se trata solo de nosotras, sino de recuperar para el conjunto de la sociedad lo que nunca debió dejar de ser público», concluyen desde el Sindicato. La organización ha anunciado que utilizará la resistencia física y la presión colectiva para bloquear cualquier operación de venta que no contemple el retorno de los inmuebles a la gestión pública.
