La difusión de una serie de evidencias gráficas sobre el presunto desvío de material estatal en los centros penitenciarios no es solo una denuncia sobre inventarios; es un síntoma de una enfermedad mayor que afecta a nuestras instituciones: la vulnerabilidad de quien se atreve a señalar el descontrol.
Las fotografías que acompañan esta investigación técnica muestran de forma inequívoca material textil de alta seguridad —mantas y sábanas ignífugas con etiquetado oficial de TPFE (C.I.F. Q-2813006-J)— circulando fuera de los cauces legales. Las referencias atienden a distinta normativa evidenciando una cronología y praxis mantenida en el tiempo.
Este hallazgo, fruto de un seguimiento exhaustivo, demuestra que cuando los protocolos de custodia fallan, el patrimonio de todos se convierte en mercancía de unos pocos .En definitiva, es un ejemplo más.
Sin embargo, lo más preocupante no es solo que el material salga de un establecimiento público. Lo verdaderamente alarmante es el contexto de desprotección en el que se encuentra el informante en Galicia.
Advertir sobre comportamientos irregulares de funcionarios, o señalar la preocupante conexión de estos hechos con la comarca de Terra de Celanova, sitúa al ciudadano en una posición de riesgo ante una administración que, con demasiada frecuencia, responde con el silencio, la “denuncia bofetada” o la inacción en el mejor de los casos.
Es imperativo que Galicia lidere la implementación de protocolos reales de protección del informante. Los recientes escándalos en Monterroso —con internos difundiendo vídeos en TikTok mientras consumen fármacos y se tatúan— son la prueba de que el descontrol se alimenta de la falta de vigilancia y del miedo a la represalia interna, es decir, quien vigila al que vigila en un contexto de suma vigilancia.
Desde estas letras, se advierte: no habrá en nuestra sociedad decoro institucional ni integridad en nuestras instituciones mientras no se garantice que denunciar una irregularidad sea un acto protegido y no una condena al ostracismo.
La transparencia no es publicar datos en una web; es asegurar que la verdad no tenga represalias.
La investigación continuará, y cada pieza de material oficial hallada fuera de su lugar será una prueba más de que Galicia necesita, hoy más que nunca, proteger a quienes defienden lo público, dar protección al informante.
Martín Álvarez
N.B.: Se adjuntan evidencias gráficas de material técnico estatal (C.I.F. Q-2813006-J) hallado fuera de los cauces de custodia oficial, la imagen de una etiqueta lo dice todo.
