La Comisión Europea envió una carta de emplazamiento a España por no dar cumplimiento pleno a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 14 de marzo de 2024, relativa al incumplimiento de la Directiva sobre los nitratos.
El procedimiento, identificado como INFR(2018)2250, entra ahora en una nueva fase al amparo del artículo 260 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que permite actuar contra un Estado miembro cuando no ejecuta una sentencia del Tribunal.
La Directiva 91/676/CEE tiene como objetivo proteger la calidad del agua frente a la contaminación por nitratos procedentes de fuentes agrarias, tanto en aguas subterráneas como superficiales, y promover la aplicación de buenas prácticas agrícolas.
En su sentencia de marzo de 2024, el TJUE concluyó que España no protegía adecuadamente sus aguas frente a este tipo de contaminación, al no haber revisado la lista de zonas vulnerables, no haber incorporado determinadas medidas obligatorias en los programas de actuación y no haber adoptado medidas adicionales o reforzadas en varias comunidades autónomas.
Pese a avances y mejoras en Illes Balears, Madrid y Comunitat Valenciana, y otras actuaciones en Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura y Madrid. Sin embargo, el cumplimiento sigue sin ser completo.
La Comisión señala que España aún no ha adoptado las medidas obligatorias necesarias en el programa de acción de Castilla y León en relación con las condiciones para la aplicación de fertilizantes en terrenos inclinados y escarpados.
Además, Bruselas considera que siguen faltando medidas añadidas frente a la contaminación por nitratos en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Murcia.
No en Galicia
El documento no hace alusión a Galicia entre otros motivos aún no han sido definidas las zonas vulnerables por contaminacion subterranea por nitratos.
España dispone ahora de dos meses para responder para subsanar las deficiencias señaladas. Si la respuesta no resulta satisfactoria, la Comisión podría llevar de nuevo el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar la imposición de sanciones financieras.
La nueva actuación de la Comisión vuelve a colocar la contaminación difusa de origen agrario entre los incumplimientos ambientales abiertos para España. El margen ahora es de dos meses.
