El ‘caso Leire’ da un salto cualitativo en la Audiencia Nacional. El juez instructor Santiago Pedraz ha acordado la imputación formal de 25 personas en el marco de la causa que investiga una presunta trama criminal dedicada a la obtención de contratos públicos amañados mediante el tráfico de influencias, la malversación y la prevaricación.
El magistrado responde así al requerimiento del Ministerio Fiscal para acelerar la vertiente material del procedimiento, cuya génesis se remonta a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de diciembre de 2025. En su última resolución, Pedraz requiere la designación inmediata de asistencia letrada a aquellos investigados que aún no consten como personados de cara a las próximas citaciones judiciales.
De acuerdo con las tesis de la Unidad Central Operativa (UCO), el núcleo operativo de la red criminal se estructuró bajo el alias de ‘Hirurok’ («nosotros tres», en euskera). Esta célula, presuntamente comandada por el empresario Antxon Alonso —asociado al exdirigente del PSOE Santos Cerdán—, junto a Vicente Fernández y Leire Díez, empleó mercantiles instrumentales como Servinabar y Mediaciones Martínez SL para canalizar los flujos financieros bajo sospecha. Los investigadores enfatizan el uso de canales de comunicación altamente opacos a través de la plataforma de mensajería cifrada Threema, un factor que supuso un severo obstáculo para el desarrollo de las diligencias.
La esfera de influencia de la organización abarcó licitaciones e inyecciones de fondos públicos en compañías estatales. La UCO subraya las irregularidades en las obras de la sede de Mercasa —con sobrecostes de más de 700.000 euros aprobados de manera fulminante— y la intermediación de Enusa con Acciona para la gestión de residuos en Melilla y Castellón.
Especial gravedad reviste el análisis del crédito participativo de 115 millones de euros concedido a Tubos Reunidos por el fondo Fasee (SEPI) en el año 2021. Los informes policiales concluyen que se produjo una filtración masiva de información confidencial desde el interior de la SEPI a través de su director de Participadas III, Miguel Ángel Figueroa, facilitando datos del Consejo Gestor a los implicados a cambio de comisiones. Las pesquisas apuntan a que parte de estos pagos ilícitos habrían tenido como destinatario a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, a quien además se atribuye la filtración anticipada de fallos administrativos contractuales.
La causa se encuentra en pleno pulso jurisdiccional, dado que el Juzgado de Instrucción Nº9 de Madrid instruye otra vertiente del caso que afecta a Cerdán y Díez. Mientras Pedraz reclama la inhibición de este órgano para centralizar la macrocausa en la Audiencia Nacional, la defensa del exsecretario de Organización socialista litiga para mantener el caso fragmentado.
