En el debate político las palabras nunca son neutrales. Son el espejo de la calidad moral de quienes las pronuncian y marcan el umbral de lo que una sociedad democrática está dispuesta a tolerar en sus instituciones. Sin embargo, cuando el portavoz y secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, apela abiertamente a «cazar uno a uno» y a «pescar» a los migrantes llegados a Ceuta, el discurso abandona cualquier margen de discrepancia política o de legítima crítica institucional para adentrarse en el terreno de la deshumanización salvaje.
Hablar de «cazar» seres humanos no es un tropiezo verbal ni una metáfora desafortunada fruto de la acalorada dialéctica política. Es un ejercicio deliberado de cosificación. Se recurre al vocabulario propio del alimañero o del cazador para referirse a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Al despojarlas simbólicamente de su condición de personas y equipararlas a presas o a una «invasión» a la que hay que erradicar, se prepara el terreno para la hostilidad, el rechazo y la violencia. Quien es conceptualizado como una fiera deja de ser visto como un sujeto de derechos humanos.
Esta retórica del atropello resulta especialmente grave cuando proviene de un representante de las Cortes Generales. Un diputado que juró o prometió acatar la Constitución, cuyo artículo 10 consagra la dignidad de la persona como el fundamento del orden político y de la paz social, no puede utilizar la proyección de su cargo público para incitar a la persecución implícita o explícita de un colectivo. La inviolabilidad y la libertad de expresión no se idearon como una patente de corso para propagar el odio sin responsabilidad alguna.
Lo que revelan exabruptos como el de Figaredo es un fenómeno más profundo y preocupante, la erosión paulatina de los consensos éticos mínimos. La extrema derecha no solo busca influir en el diseño de las políticas migratorias; busca, sobre todo, normalizar un marco mental donde la compasión y el respeto al derecho internacional son señalados como debilidades, mientras que el matonismo verbal y la deshumanización se exhiben como virtudes de firmeza.
Cuando un representante público cruza esa línea, no solo se desacredita a sí mismo y a las siglas que defiende: degrada profundamente la institución que lo cobija y contamina la convivencia social que está obligado a proteger. El Ministerio de Igualdad de España ha presentado un oficio formal ante la Fiscalía instándola a investigar si las declaraciones de José María Figaredo en las que apela a «cazar» a los migrantes llegados a Ceuta son constitutivas de un delito de odio.
