La actividad minera desarrollada por Tungsten San Juan S.L. (filial de la multinacional sueca Eurobattery Minerals) en la concesión «San Juan» de A Gudiña se encuentra oficialmente paralizada por orden de la Alcaldía, al determinarse que la compañía ejecutaba obras y actividades materiales de forma ilegal y al margen del control urbanístico y ambiental.
La orden municipal de suspensión inmediata se produce tras la constatación, por parte de los Servicios Técnicos Municipales, de graves intervenciones sobre el terreno —clasificado como suelo rústico de especial protección forestal—, incluyendo desmontes, apertura de accesos, acopio de materiales y movimiento de maquinaria pesada (excavadoras, palas y camiones dumper) sin contar con licencia urbanística ni comunicación previa.
Ecoloxistas en Acción acaba de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades bursátiles de Suecia y Alemania, después de que la empresa, conocedora de la situación desde hace meses, ocultase la información a sus inversores. La organización ecologista también presentará una denuncia penal independiente al considerar que la actuación de la compañía podría constituir presuntos delitos contra el medio ambiente, al margen de los delitos de prevaricación que ya investigan los juzgados de Santiago en relación con la prórroga otorgada por la Xunta.
Doble discurso y contradicciones de la promotora
La paralización de la actividad y las alegaciones presentadas por el CEO de la empresa, Roberto Martínez —condenado a dos años de cárcel por fraude y actualmente bajo investigación de las autoridades suecas—, ponen de manifiesto cómo la compañía pretendió hacer pasar su actividad minera ilegal por «meras investigaciones y sondeos preparatorios» para intentar eludir la exigencia de licencia urbanística. Sin embargo, en paralelo, Eurobattery Minerals venía anunciando desde julio de 2025 a sus accionistas el inicio de los trabajos de explotación.
La ilegalidad de la explotación no solo deriva de la falta de autorizaciones municipales, sino de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida en 2014 con carácter exclusivo para un proyecto de 10 años ya ha caducado, sin que la Consellería de Medio Ambiente haya extendido su validez. Tanto el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como el Tribunal Supremo han dejado sentado que cualquier prórroga requería obligatoriamente un nuevo proyecto y un nuevo procedimiento de evaluación ambiental.
A pesar de estas sentencias firmes y de las advertencias expresas de Ecoloxistas en Acción, la Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Minas de la Xunta de Galicia otorgó en noviembre de 2025 una prórroga de la concesión por 30 años sin exigir un nuevo proyecto ni una nueva DIA, y sin consultar al órgano ambiental competente. Estos hechos dieron lugar a la apertura de diligencias previas en el Juzgado de Instrucción n.º 1 de Santiago de Compostela por presuntos delitos de prevaricación y prevaricación ambiental, a las que se han incorporado las investigaciones de la Fiscalía Provincial de Ourense.
Ecoloxistas en Acción censura los intentos de los últimos días por parte de Eurobattery Minerals de distanciarse de la condena firme de su máximo ejecutivo por estafa, cuando la empresa reproduce de forma sistemática el mismo modus operandi descrito en la sentencia del Tribunal Supremo en sus proyectos gallegos: «Corcel», en Coristanco, y «San Juan», en A Gudiña. Si en A Gudiña ocultó a los accionistas la ausencia de autorizaciones municipales y ambientales, en Coristanco mintió durante años al realizar sondeos ilegales sin contar siquiera con derechos mineros válidos.
La organización ecologista exige responsabilidad al Ayuntamiento de A Gudiña y a la Xunta de Galicia para impedir la destrucción del territorio por parte de empresas con historiales delictivos. Asimismo, reclaman que se anule la prórroga otorgada en 2025 y se ejecute el aval de restauración para recuperar los terrenos degradados, situados a menos de 2 km de la frontera con Portugal y del Parque Natural de Montesinho.
