Ha comenzado la nueva legislatura del gobierno, por ende la del ministerio de Defensa, con la ausencia una vez más de la ministra como presidenta del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas. Ha perdido una oportunidad única, en este primer Pleno de la nueva singladura, de poder explicar las futuras líneas de actuación de su ministerio en materia de personal, si las hubiera claro está.
A esta falta de interés por el órgano que preside hay que sumarle, una vez más, las notas de prensa que remite el ministerio de Defensa a los medios de comunicación, donde da a entender que todas las medidas que presenta serán aprobadas, aunque las asociaciones se muestren en contra.
Con estos antecedentes es inevitable que ATME se tenga que preguntar si sirve de algo que las asociaciones profesionales deban estar presentes en los plenos, como meros convidados de piedra, ya que todas alegaciones a los proyectos normativos del ministerio de Defensa o propuestas que se han presentado están «vistas para sentencia» antes de iniciarse. La situación se agrava a la hora de solicitar información sobre accidentes o sucesos acaecidos en ejercicios o maniobras, a veces con el resultado de militares muertos, donde Defensa se cierra en banda a dar cualquier tipo de dato o explicación.
Las asociaciones deben preguntarse si con estos antecedentes lo mejor es dar un cheque en blanco a Defensa, dándole la oportunidad de blanquear su imagen al dar a entender que dialoga con sus trabajadores, en este caso los militares.
A todo esto se ha sumado, inesperadamente, el informe del Observatorio de la Vida Militar (OVM), donde en una de sus recomendaciones sobre el Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas expone «Parece oportuno articular un procedimiento para la verificación de las declaraciones responsables de las asociaciones profesionales, conforme a la Ley 39/2015, que proporcionará transparencia, equidad y rigor a la concesión de las subvenciones«.
Parece mentira que un observatorio adscrito a unas Cortes Generales elegidas mediante sufragio universal, aunque financiado por el ministerio de Defensa, proponga un mecanismo de verificación de socios por parte del ministerio en vez de un sistema de elecciones para averiguar la representatividad de las asociaciones.
Esto no es nuevo ya que, en varias reuniones de la Comisión de Trabajo Temporal para el estudio de la Ley Orgánica de derechos y deberes, su antiguo presidente (Secretario General Técnico), ya propuso esta medida, basada en el cotejamiento entre bases de datos. ATME se negó reiterada y rotundamente a ello, proponiendo un sistema que ya tenían cuerpos como la Guardia Civil, unas votaciones democráticas para la elección de los miembros asociativos en el COPERFAS.
No se puede olvidar que el movimiento asociativo, sobre todo el concerniente a la tropa y marinería, es mal visto por una parte nada desdeñable de los mandos de las unidades. Permitir el cotejamiento de bases de datos por parte de Defensa supondría sembrar la inquietud entre los militares, los cuales podrían tener la impresión, por muchas seguridades que se les diera, de que sus datos podrían acabar siendo conocidos por sus jefes.
Después de más de 6 años de trabajo de una comisión de trabajo temporal paralizada, donde la parte representante del ministerio solo ha sabido decir que no a las principales demandas de mejora de las asociaciones (votaciones libres, charlas de las asociaciones en las unidades, modificación del modelo de COPERFAS, participación de los Red en las asociaciones, etc.) es necesario una actualización profunda de la Ley Orgánica de derechos y deberes a los nuevos tiempos.