Estamos asistiendo, en todas partes, a la creciente dificultad de los políticos para legislar medidas eficaces para combatir la corrupción y castigar con rigor a aquellos que, en el ejercicio de cargos públicos y/o políticos, han cometido algún tipo de delito. Y, en este caso, todos los delitos deberían considerarse graves.
¿Cómo es posible, según algunas noticias, que en las últimas elecciones para el Parlamento Europeo, alrededor de 80 candidatos tuvieran problemas con la justicia? ¿Cómo explicar que personas con tal historial sean elegidas para cargos públicos y ocupen puestos de poder? Más grave aún es el hecho de que muchos votantes los eligen incluso sabiendo de los delitos que han cometido. Es fundamental que tengamos conciencia de que los delitos cometidos por políticos no se limitan al lugar donde fueron practicados. Por el contrario, sus efectos negativos se extienden por todo el país, perjudicando la imagen de las instituciones democráticas y la confianza de los ciudadanos en la clase política. No pensar en la dimensión global que implica el ejercicio de un cargo público y/o político es no tener noción de la responsabilidad inherente al servicio que libremente se ha propuesto.
Urge actuar con firmeza para combatir este mal que corroe la democracia. Es necesario que todo político condenado por delito no pueda volver a ejercer ningún cargo o función pública o política. Además, es fundamental promover una mayor educación cívica de la población, para que los votantes sean más conscientes de la importancia y de las responsabilidades que conlleva el momento de votar. Solo con la participación activa y consciente de todos los ciudadanos será posible construir una democracia más justa y transparente, donde los políticos sirvan al pueblo con ética y responsabilidad.