Un informe oficial del Ministerio de Hacienda aclara que los regantes de A Limia y no el Gobierno deben abonar el 21% del IVA de los 35 millones de euros de coste total del plan de regadío en esa comarca ourensana, es decir, más de 7 millones de euros.
La sociedad pública Seiasa, dependiente del Ministerio de Agricultura, que cofinancia con los regantes el plan, realizó una consulta a Hacienda.
En concreto y según el escrito de respuesta del Ministerio: “La consultante es una sociedad mercantil estatal que va a iniciar un nuevo modelo de financiación de obras de modernización de regadíos (como las de A Limia), en un máximo del 80 por ciento con subvenciones con cargo a la Administración General del Estado, siendo aportado el resto por las comunidades de regantes beneficiarias de las obras. Las obras serán promovidas y entregadas por la consultante a las comunidades de regantes”.
La consulta de Seiasa pidió aclaraciones sobre: “Si la aportación del 80 por ciento del coste de la obra que realiza la consultante forma parte de la base imponible del impuesto sobre el valor añadido correspondiente a la entrega de la obra efectuada por (Seiasa) a las comunidades de regantes”.
La contestación de Hacienda es rotunda, “de la información aportada en el escrito de consulta se deduce que la financiación del 80 por ciento de las obras de modernización de regadíos consultada constituye parte de la contraprestación de la entrega de las obras a las comunidades de regantes por parte de la consultante”.
Según estas circunstancias, “por tanto, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), al formar parte de la base imponible de dichas operaciones”.
El IVA mediante una factura a los regantes
Esta respuesta de Hacienda a la sociedad Seiasa, define que “En consecuencia, la consultante deberá repercutir en factura a las comunidades de regantes destinatarias el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) correspondiente sobre la base imponible señalada”. Este informe tiene carácter vinculante y definitivo.
Puesto que el Gobierno central no puede por ley financiar ese IVA de los regantes, queda ahora la duda de si es legal o factible que otras administraciones públicas como la Xunta y la Diputación de Ourense puedan pagar parte o la totalidad de ese dinero. Hace meses una petición del Parlamento Gallego solicitaba al Gobierno un cambio legislativo que permitiese al Ministerio de Agricultura abonar ese 21% adicional. Todo hace pensar que esa modificación normativa no va a tener lugar.
Sin garantías
A día de hoy, no hay garantía alguna sobre esa supuesta ayuda de la Xunta o el ente la Diputación de Ourense. El abono de ese IVA supondría un enorme coste adicional para los labradores, que ya pagan un 20% de los 35 millones de los trabajos.
Uno de los problemas de esa anhelada subvención es la creación de un evidente agravio comparativo con otros colectivos de profesionales gallegos ante una condonación singular, de hecho, de un impuesto estatal. Otra dificultad, según expertos consultados, es la propia consignación presupuestaria y su concepto, ya que no se trataría de una ayuda para obras para pozos o infraestructuras, sino una ayuda directa para un tributo estatal. Ello podría, en su caso, crear problemas ante la Unión Europea, que es la que financia, a través de los llamados fondos de RESILIENCIA, el aporte del Ministerio de Agricultura y Seiasa.