El gobierno de Portugal, a través de la Agencia Portuguesa de Ambiente (APA) dio recientemente el visto bueno medioambiental a la compañía Lusorecursos para que pueda desarrollar un proyecto de explotación de litio en la Mina do Romano, en la aldeas de Cepeda y Morgade, en Montalegre, a unos 15 kilómetros de la frontera del municipio ourensano de Oimbra, junto a Verín.
La APA definió que esta decisión tuvo en consideración el interés de la concesión, que abarca un área de 825,4 hectáreas, pese a que solo se extraiga litio en una superficie de 637,5 hectáreas, de las cuales 29,7 serán explotadas a cielo abierto y el resto serán utilizadas para trabajos subterráneos.
La APA verificó, según varios medios lusos, que este proyecto «incluye un paquete de compensación socioeconómica, que incluye la asignación de 75% de los costos o regalías de la operación al municipio de Montalegre».
Multimillonaria
La sociedad Lusorecursos estimó en su día que está minería contaría una inversión estimada inicialmente en 650 millones de euros. La Agencia Portuguesa de Medio Ambiente (APA) dio a conocer hace meses un «dictamen favorable» inicial para el proyecto, que incluye exploración mixta a cielo abierto y subterránea, pero especificando claramente que se deberían hacer algunas modificaciones importantes ahora atendidas.
Se trata de la segunda macromineria de litio junto a la frontera luso gallega. Hace meses el gobierno otorgó a otra compañía la explotación de litio en Boticas, a unos 30 kilómetros de Verín.
El litio es un componente esencial para la fabricación de baterías para coches eléctricos, teléfonos móviles y otros aparatos. La trascendencia de este mineral para las próximas décadas hace prever que su demanda vaya a crecer enormemente. China y Chile son dos de los principales productores mundiales de litio.
Parte de la población de las dos localidades lusas y los ecologistas han protestado reiteradamente desde hace años por los daños medioambientales que ocasionarán estas minería, con un plazo de vida útil que rondará los 17 años. Varios colectivos ya han anunciado que meditan llevar ante la Justicia la resolución del Ejecutivo portugués.