La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en funciones, Raquel Sánchez, ha avanzado que, de continuar en el Gobierno, «nuestra intención es mantener en 2024 la reducción del precio de los abonos de transporte y de convertir más adelante esta medida en estructural para determinados colectivos»
Un objetivo que viene a reforzar el compromiso del Ministerio y el Gobierno con la promoción del uso del transporte público colectivo para contribuir a reducir las emisiones contaminantes y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. «El transporte público es una prioridad y ha sido la gran apuesta del Gobierno para proteger a la ciudadanía de las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania y, al mismo tiempo, combatir la inflación y reducir nuestra dependencia energética y el consumo de combustibles fósiles», ha asegurado Raquel Sánchez durante su participación, esta mañana, en el Encuentro Urbes Resilientes El País – Acciona.
En este sentido, la titular de Mitma ha reiterado el transporte público es el gran protagonista de la movilidad sostenible y constituye el principal instrumento de vertebración del país, «también para aquellas zonas, dispersas geográficamente y afectadas por la despoblación, cuya dependencia del vehículo privado es hoy casi absoluta».
Tal y como ha explicado la ministra, la dependencia del vehículo privado dificulta a los colectivos más vulnerables el acceso a los servicios básico o a diferentes oportunidades de trabajo, por lo que desde el Ministerio se está trabajando, con ayuda de la tecnología, en la promoción de nuevos modos de transporte que permitan ampliar y mejorar la oferta en las zonas con menor población, como los servicios a demanda, el transporte compartido o las rutas dinámicas.
«Tenemos que ser capaces de movernos mejor o de crear las condiciones para que la movilidad sea innecesaria. Para ello estamos impulsando la conexión a Internet de todo el territorio y estamos decididos a aprobar una cartera de servicios básicos de calidad a menos de 30 minutos del lugar de residencia», ha señalado la ministra durante el encuentro, en el que se ha puesto el foco en las ciudades y en la necesaria transformación que han de acometer para mejorar la calidad de vida de sus habitantes ante desafíos tan inmensos como el calentamiento global.
En este contexto, la ministra ha indicado que el problema de las grandes ciudades es muy diferente al de las zonas rurales por lo que, en este caso, la solución pasa por una redefinición urbanística que nos devuelva a un modelo de ciudad mediterránea, compacta y relativamente densa, y con equipamientos bien planificados.
Ciudades sostenibles
Las ciudades, que acogen ya más de la mitad de la población mundial, son, a su juicio, los motores del crecimiento y las grandes fábricas de talento de la humanidad, pero también los principales consumidores de los recursos del planeta. De ahí su importancia a la hora de mitigar los efectos del cambio climático desde la sostenibilidad, pues, según ha señalado, «no habrá un planeta sostenible sin ciudades sostenibles».
Raquel Sánchez ha valorado lo que las ciudades ya están haciendo para para avanzar en la sostenibilidad urbana en las últimas décadas y reducir sus emisiones: aumento del reciclaje de residuos, optimización del consumo de agua, eficiencia energética, digitalización… En ese sentido, ha mostrado su optimismo en lograr que «en 2050 las ciudades españolas sean neutras en carbono, se hayan liberado de la contaminación, practiquen una economía circular en el uso de los recursos y multipliquen su resiliencia a los impactos del cambio climático».
Además, ha afirmado que, no sólo se quiere cumplir con el objetivo de reducir un 55% las emisiones en 2030, sino que se está en disposición de conseguir que en esa fecha el 48% de toda la energía que consumimos sea renovable y que estas fuentes renovables representen el 81% de toda la generación de electricidad de España.
La responsable del Departamento ha destacado los esfuerzos del Gobierno para facilitar esta transición ecológica y, sobre todo, en el ámbito del transporte, uno de los sectores que genera más emisiones de gases de efecto invernadero y que es principal responsable de la contaminación de los núcleos urbanos. Por eso, descarbonizar la movilidad es una exigencia de salud pública y una necesidad inaplazable para mitigar el cambio climático.
Descarbonización de la movilidad urbana
Para alcanzar el objetivo de descarbonizar la movilidad urbana y, por ende, mejorar la calidad de vida en las ciudades, se han destinado a un plan de choque de movilidad sostenible segura y conectada en entornos urbanos y metropolitanos más de la mitad de los 13.000 millones de euros de los fondos europeos dedicados a la nueva movilidad.
Raquel Sánchez ha manifestado que estas inversiones están permitiendo crear zonas de bajas emisiones, fomentar la movilidad activa y promover un cambio modal hacia el ferrocarril en el transporte urbano y metropolitano, según ha añadido.
La ministra ha mostrado el papel que desempeña al respecto el ferrocarril, la alternativa verde y sostenible a las necesidades de movilidad global, y, en concreto, las Cercanías. Así, ha puesto en valor, por ejemplo, el Plan de Cercanías en Madrid, que contempla inversiones de más de 7.100 millones de euros hasta el año 2025, del que se ha movilizado un 70%. Este contempla importantes obras en la infraestructura, la renovación de estaciones y del material rodante y la compra de 211 nuevos trenes, que se encuentran ya en fabricación.
Por otra parte, la responsable de Mitma ha hecho una especial mención a las medidas que se están poniendo en marcha para mejorar la movilidad en zonas dispersas geográficamente y afectadas por la despoblación.
Entre estos, se encuentran, los servicios a la demanda, que pueden solicitarse online o telefónicamente; las rutas dinámicas de transporte regular, que permiten tanto desvíos del trayecto para recoger a usuarios fuera del itinerario prefijado como pasar por alto poblaciones en donde no exista en ese momento una demanda real de servicio, o las soluciones de movilidad compartida.
En lo referido a las ciudades, la ministra ha manifestado que se impone un nuevo contrato social que fomente la cohesión, impulse una movilidad vertebrada y sostenible, regenere espacios públicos y garantice el derecho a una vivienda digna y asequible. Esta es la esencia de la Agenda Urbana Española que está desplegando Mitma para, según ha añadido, crecer con equidad y hacerlo de manera sostenible, conjugando las aspiraciones económicas de los ciudadanos con la justicia social y la calidad de vida.
Acceso a una vivienda digna
En ese sentido, Raquel Sánchez ha señalado que, en la construcción de un entorno urbano sostenible y para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, «el acceso a una vivienda digna es un pilar fundamental de esta ecuación»; de ahí el objetivo de este gobierno de «devolver a la vivienda la función social que nunca debió perder y configurarla como un servicio público de interés general». Tal y como ha enumerado, las principales medidas que el Gobierno ha puesto en marcha para alcanzar este objetivo han sido:
La inversión de 3.462 millones de euros en políticas de vivienda, contemplada en el actual presupuesto, la mayor partida de la historia y ocho veces más que la contemplada en 2018.
Las ayudas para favorecer la emancipación de los jóvenes, como el Bono Alquiler Joven, las recogidas en el Plan Estatal de Vivienda o las líneas de avales del ICO de 2.500 millones de euros, para cubrir la entrada que impedía a los jóvenes acceder al mercado hipotecario.
El Plan para el Alquiler Asequible, que busca incrementar el parque público en más de 183.000 viviendas, tanto por iniciativa pública como por la colaboración privada.
La primera ley de Vivienda de la democracia, que protege el patrimonio público de vivienda social, y que es el instrumento con el que controlar subidas abusivas de los precios del alquiler en situaciones de oferta insuficiente o para sacar al mercado pisos vacíos.
La responsable del Departamento ha avanzado también las dos metas que se ha propuesto en esta materia: que la vivienda pública en alquiler social represente el 20% del parque total de vivienda y acelerar, como contempla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, la rehabilitación con criterios de eficiencia energética hasta alcanzar las 500.000 viviendas.