El pasado 21 de diciembre se celebró un pleno de tan solo 4 minutos de duración para la aprobación urgente del pago de facturas, omitiendo totalmente el trámite preceptivo de función interventora que exige la ley.
En Unidas Podemos coincidimos con la interventora en el que el pago de facturas a empresas está por encima de todo, de ahí que por parte de Intervención se proceda a emitir el informe de omisión de la función interventora previsto en el art 28 del RCIL, pues el hecho relevante es la inexistencia de contrato y, por tanto, la falta de procedimiento para la tramitación de la factura derivada de la prestación de los servicios efectuados y no se formule un reparo suspensivo.
El informe de Intervención da una serie de recomendaciones al consistorio con respecto a los contratos.
Una de esas recomendaciones es la necesidad de licitar de manera urgente el contrato del SAF, gestionado actualmente de manera externa y caducado desde 2018, por tanto, prorrogado de forma tácita, obligando así a la empresa a prestar un servicio desde hace seis años que no tiene en cuenta la actual demanda de la población de Laxe ni en número de usuarias ni en número de horas de dicho servicio y que repercute directamente en la calidad del servicio y en las condiciones laborales de sus trabajadores.
Otra de estas recomendaciones es dejar de considerar contratos menores aquellos que examinados en su conjunto exceden los plazos, las cuantías y la naturaleza propia de los contratos menores, haciendo referencia a las facturas de la suministradora de luz y gas, pues estas facturas responden a gastos repetitivos y recurrentes que se perpetúan en el tiempo, con lo que incumplen los requisitos básicos para ser considerados contratos menores, incurriendo en una fragmentación de un contrato mayor en varios contratos menores para no tener que cumplir con el procedimiento que deben cumplir los contratos mayores de publicidad y transparencia.
Reconocimientos extrajudiciales de crédito
Una herramienta que se usa por este grupo de gobierno de manera recurrente para pagar facturas, es un procedimiento extraordinario que debe ser usado de manera no recurrente y singular, nunca de manera regular y que a la hora de hacer uso del mismo se deben seguir las indicaciones dadas por el Tribunal de Cuentas, para evitar las consecuencias y las responsabilidades por parte del grupo de gobierno del ayuntamiento de Laxe que pudieran derivar de la realización de gastos que no tengan consignación en los presupuestos, vulnerando así el procedimiento de contratación, incurriendo en un delito penal.
La respuesta que Unidas Podemos encontró en el pleno por parte del teniente alcalde fue que no se cumplan con estas obligaciones por falta de recursos humanos, admitiendo así una total y evidente incompetencia a la hora de gestionar y dinamizar todo un equipo de trabajo del que dispone el pueblo a quién hace escasos meses les estaba pidiendo el voto para gobernarlo.