Los hechos ocurrieron a raíz de las inspecciones realizadas a las empresas del sector para la comprobación de la adecuada gestión de los residuos tratados en las mismas instalacciones, en la ciudad de A Coruña.
En el transcurso de una de ellas, los guardias civiles actuantes constataron la existencia de presuntas irregularidades en los registros documentales que deben llevar estas actividades relevantes para la seguridad ciudadana, procediendo por dicho motivo a la intervención de 41 catalizadores y a la confección de la correspondiente acta-denuncia por presunta infracción a la Ley 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y a Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Durante la tramitación del correspondiente expediente sancionador, la administradora de la empresa aportó una serie de documentos que amparaban la legal procedencia, la trazabilidad y la correcta gestión de la mercancía intervenida.
Ante la sospecha de que los documentos aportados no se ajustasen a la realidad, los guardias civiles actuantes continuaron con la investigación para la verificación de la autenticidad de los mismos, corroborando que los justificantes presentados eran presuntamente falsos, habiéndose emitido con la finalidad de tratar de justificar la legalidad de la gestión de los residuos y evitar posibles sanciones.
Por dicho motivo, la Guardia Civil procedió a la investigación de esta persona como presunta autora de un delito de falsedad documental.
