La comunidad autónoma gallega es la quinta de España en la que menor porcentaje de sus habitantes han optado por la posibilidad legal del testamento vital, también llamado muerte digna.
Solo un 0.54% de los gallegos han apostado por esta posibilidad, según fuentes oficiales. Solamente Ceuta y Melilla, Extremadura, Castilla la Mancha y Murcia tienen porcentajes más bajos que Galicia sobre esta cuestión.
Los territorios donde más habitantes han optado por esta vía son Navarra, Euskadi y La Rioja. En el caso de los navarros ese porcentaje cuatriplica al gallego con un 2,4% de su población. La media a nivel estatal es de un ratio de 0,94%, casi el doble que los residentes en Galicia. El modelo de testamento vital de DMD, Derecho a una Muerte Digna, se basa en una convicción de que: «Si en el futuro mi salud se deteriora de forma irreversible, hasta el punto de perder el uso de mis facultades para solicitar la eutanasia y prestar mi conformidad sobre los cuidados y tratamientos qué deseo recibir, el mayor beneficio para mí es finalizar mi vida cuanto antes».
A nivel legal es un documento en el que una persona deja constancia por escrito, con antelación, de los cuidados y el tratamiento que desea recibir en caso de enfermedad terminal o accidente, y del destino de su cuerpo y sus órganos una vez fallezca, si llegado el caso no puede expresar su voluntad por sí misma.
El testamento vital se debe inscribir en el Registro de Instrucciones Previas de cada Comunidad Autónoma, dependiente de la Consejería de Sanidad. Además, existe un Registro Nacional de Instrucciones Previas donde se depositan todos los documentos remitidos por los registros autonómicos.