Denuncian en el Juzgado de Xinzo supuestas irregularidades en la tramitación del plan de regadío de A Limia, con un coste de 35 millones

por Gonzalo Soto

Un grupo de regantes planteará ante el Juzgado de Xinzo de Limia la posible existencia de supuestas irregularidades cometidas por determinados responsables de la tramitación del plan de regadío de A Limia con un coste de más de 35 millones de euros.

La iniciativa legal se plasma en una urgente reclamación de estos propietarios de fincas hacia miembros de la directiva de la comunidad de regantes NOVA LIMIA. Se pretende que estos aporten formalmente ya ante el Juzgado escritos y datos sobre aspectos clave del plan y su génesis aún no revelados hasta ahora. 

Fuentes consultadas por este diario revelaron que esta reclamación oficial, denominada diligencias de exhibición de documentos, se podría sustanciar en el juzgado en fechas inmediatas.

Posible ocultación

Existen sospechas por parte de los reclamantes de una hipotética ocultación de documentos que podría, en su caso, llegar a viciar legalmente todo el desarrollo del costoso proyecto.

Los regantes peticionarios no descartan emprender  todas las acciones legales que se consideren oportunas contra integrantes de la directiva si esta solicitud por la vía judicial no es atendida íntegramente y en los plazos y condiciones legales, según afirmó la abogada de estos propietarios, María Teresa Joga Martínez.

Gran inversión

Estas obras de modernización de regadío en A Limia son de un enorme montante económico y de gran complejidad técnica y deberán estar concluidas en 2027 por exigencias de Bruselas, que financia gran parte de la actuación. 

La empresa Seiasa (entidad pública dependiente del Gobierno de España), la Xunta y cuatro comunidades de regantes limianas (Corno do Monte, Lamas-Ganade, Alta Limia y  Sabucedo, ahora unificadas en NOVA LIMIA) llegaron a un acuerdo para financiarla y lo rubricaron hace días.

Paralelamente, la Consellería de Medio Rural asumió y ya ejecutó obras por cerca de siete millones de euros para realizar pozos de captación de agua y otras infraestructuras. 

Seiasa, a través de esos fondos europeos, Next Generation, y los regantes, se repartirán los costes a un 80% y un 20% respectivamente. El monto evaluado en la parte de los labradores se acerca a los 15 millones de euros. Ello se debe a que los agricultores participantes tendrán que asumir también y en su totalidad el IVA (21%) del importe de estas obras; algo que ha crispado a muchos afectados. 

8.000 euros de media

Serán 1.822 los propietarios afectados, según una nota oficial en la página web del MINISTERIO DE AGRICULTURA publicada el viernes. Con esa cantidad, cada uno de ellos pagará unos 8. 000 euros de media por persona. Esa nota oficial cifra en casi 2.600 las hectáreas incluidas en el plan.

Sin coste definido por hectárea

Uno de los graves problemas del plan, según muchos agricultores, es que tras año y medio de trámites y reuniones, los regantes desconocen aún el coste que tendrán que abonar por cada hectárea de terreno incluida. Se habló inicialmente de unos 2.600 euros por hectárea, pero ningún escrito oficial así lo certifica y por ello la incertidumbre y la inquietud persisten. Muchos temen que el montante definitivo por cada 10.000 metros cuadrados sea mucho más elevado del anunciado por la directiva.

Tampoco se sabe nada de un prometido crédito bancario a 28 años en buenas condiciones financieras para los propietarios a fin de poder abonar a largo plazo el dinero por ese regadío. Los intereses y condiciones de ese hipotético empréstito anunciado hace meses son aún una incógnita, lo que también alarma a muchos afectados.

Esas y otras circunstancias llevaron a algunos regantes a quejarse reiteradamente de un supuesto oscurantismo en el proceso.

Expulsión de labradores

Todo ello provocó que decenas de regantes se negaran a dar sus datos bancarios y otra documentación adicional sobre sus parcelas exigida por los directivos de NOVA LIMIA. Ante ello, la asociación optó por enviar estos días cartas certificadas a estos agricultores dándoles 15 días para aportar urgentemente esos datos. Transcurrido ese plazo y si no facilitan la documentación exigida se les expulsará  unilateralmente como miembros de la asociación de regantes, según la directiva.

Posibles demandas

Este procedimiento de expulsión sumaria es de muy dudosa regularidad y no tiene amparo legal en las ordenanzas de las comunidades de regantes, según fuentes jurídicas consultadas. Ello podría dar lugar a nuevas reclamaciones o demandas ante el Juzgado de Xinzo en un futuro inmediato.

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