Unos 70.000 hogares se beneficiarán de esta iniciativa que busca paliar la pobreza infantil. El Ejecutivo también ha impulsado la ampliación del derecho de defensa
El Consejo de Ministros ha puesto en marcha un programa para facilitar a las familias en situación de más vulnerabilidad y con menores a su cargo unas ‘tarjetas monedero’ o vales canjeables por productos de alimentación y de primera necesidad.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha destacado que se trata de «un paso decisivo para dignificar la protección social y que las familias con hijos e hijas a cargo no tengan que ir a las colas del hambre», ya que podrán comprar esos productos básicos en el supermercado.
Bustinduy también ha remarcado el aumento de la cuantía de la ayuda que recibirán las familias -entre 130 y 220 euros al mes, dependiendo del número de miembros de la unidad familiar-, así como el hecho de que los beneficiarios podrán acceder directamente a productos frescos como la fruta y la verdura, algo que la naturaleza del anterior sistema de reparto de bolsas no posibilitaba.
Lucha contra la pobreza infantil
Este programa de asistencia material básica se va a ejecutar mediante una subvención a Cruz Roja Española de algo más de 100 millones de euros para poner en marcha el nuevo modelo y pilotarlo entre el mes de abril, cuando acaba el fondo europeo anterior, y el 1 de enero de 2025, cuando serán las comunidades autónomas quienes asuman la gestión completa. Serán los servicios sociales autonómicos quienes determinen qué familias pueden participar en el programa. Estas familias acudirán a los centros de referencia de Cruz Roja, donde se les entregarán las ‘tarjetas monedero’ que podrán usar en los supermercados colaboradores.
Pablo Bustinduy ha indicado que unas 70.000 familias se beneficiarán de la iniciativa, que se dirige específicamente a paliar la pobreza infantil en España y va a mejorar la nutrición de los niños y niñas más vulnerables y la calidad de vida de sus familias.
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
El ministro ha recordado que las comunidades autónomas acordaron este cambio de modelo por unanimidad en diciembre de 2021 y que la decisión de hoy del Consejo de Ministros de hoy supone darles tiempo y recursos para que se organicen de cara a asumir la gestión. De hecho -ha subrayado-, el programa va a ser financiado con el tramo estatal del Fondo Social Europeo Plus, lo que permitirá a las comunidades emplear el tramo autonómico para atender otras necesidades y colectivos.
«En definitiva, se trata de un paso decisivo hacia un modelo más justo, más digno y más eficiente en el marco general de la acción de este Ministerio de modernizar y mejorar la política social en nuestro país», ha asegurado Bustinduy.
Desarrollo del derecho fundamental de defensa
El Consejo de Ministros ha aprobado el Proyecto de Ley Orgánica del Derecho de Defensa, que ya comenzó a tramitarse en las Cortes en la legislatura anterior, pero decayó al convocarse las elecciones generales.
«Hemos considerado necesario reactivar de nuevo la tramitación parlamentaria de esta ley porque es una ley garantista que desarrolla un derecho fundamental y está centrada en los ciudadanos, en la línea que desde Justicia estamos estableciendo para hacer una justicia más cercana, más ágil, más moderna y más garantista», ha explicado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
El texto regula y desarrolla el derecho a la defensa, amparado en el artículo 24 de la Constitución, y lo amplía de acuerdo con lo establecido en las sentencias de los tribunales. Bolaños ha defendido que la ley debe contar con un apoyo muy amplio en el Parlamento «porque lo que estamos haciendo, al fin y al cabo, es garantizar derechos de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país».
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
La norma -ha apuntado- se ha redactado con el diálogo y el apoyo de diferentes operadores jurídicos y, en particular, de la abogacía. Con la futura ley, los abogados y las abogadas «ven reconocidos muchos de los derechos que ellos, como asistentes letrados que son de los ciudadanos y las ciudadanas, pueden llevar a cabo», ha indicado.
Accesibilidad y ampliación de la asistencia jurídica gratuita
La ley persigue dos objetivos fundamentales: reconocer las garantías que corresponden a los ciudadanos como titulares del derecho a la defensa y garantizar su salvaguarda.
En el capítulo primero del texto, se regula el derecho a la defensa y se establecen unos principios que ha ido desarrollando la jurisprudencia, como el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, a usar medios de prueba o a no sufrir represalias por haber iniciado acciones judiciales.
Entre las novedades, el ministro ha destacado la ampliación del derecho de defensa a las vías extrajudiciales de resolución de conflictos, una línea estratégica del Ministerio para reducir las dilaciones en los procesos, y la compatibilidad del ejercicio de ese derecho con el uso de medios telemáticos en el servicio público.
El proyecto de ley reconoce el derecho de los ciudadanos a comunicarse con la Administración de Justicia en un lenguaje claro, sencillo, comprensible y accesible, un aspecto que requerirá tiempo y formación para los jueces y magistrados, según ha reconocido Félix Bolaños. El texto también amplía la asistencia jurídica gratuita: si hasta ahora se concede a las personas con dificultades económicas, a partir de la aprobación de la norma se extendería a todas las personas en situaciones de especial vulnerabilidad. Además, se obliga a todas las sedes judiciales a ser completa y universalmente accesibles para las personas con discapacidad.
Los capítulos segundo y tercero de la ley abordan el papel de la abogacía, que el ministro ha calificado de «esencial», y establecen los derechos de los letrados, así como sus deberes deontológicos y en la relación con los clientes.
Apoyo a la educación y el turismo
La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. | Pool Moncloa/José Manuel Álvarez
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha avanzado que el jueves el presidente del Gobierno y ella misma se reunirán con la comunidad educativa en el Consejo Escolar del Estado. El encuentro permitirá abordar «dos asuntos fundamentales para los estudiantes y los jóvenes de nuestro país» y de «absoluto interés ciudadano» en los que el Ejecutivo quiere plantear respuestas y soluciones, ha afirmado.
En primer lugar, en la reunión se abordará el debate ya abierto por el Gobierno con las comunidades autónomas el pasado diciembre sobre la regulación del uso del teléfono móvil en las escuelas. «Es una demanda y una preocupación de las familias», ha dicho la ministra, quien ha abogado por el consenso entre todas las administraciones educativas en esta cuestión.
El segundo aspecto que se abordará con la comunidad educativa es el plan de refuerzo para mejorar las competencias en matemáticas y comprensión lectora de los estudiantes, aportando más recursos a los docentes y ayudando a los alumnos y las familias. Pilar Alegría ha explicado que el programa incluirá la reducción del número de alumnos atendidos por el profesorado, a través de los desdobles de los grupos, y clases extraescolares de refuerzo y de apoyo para los estudiantes, incluso fuera del horario escolar.
En relación con la agenda del presidente del Gobierno, la portavoz también se ha referido a la nueva edición de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se celebra en Madrid del 24 al 28 de enero, en un momento «crucial» para el sector. Alegría ha recordado la importancia de este ámbito para España, que supone el 13% del Producto Interior Bruto (PBI) y en 2023 recibió 84 millones de turistas internacionales, registró más de 108.000 millones de euros de gasto turístico y alcanzó un récord histórico de afiliados.
El sector -ha manifestado- está dando pasos fundamentales para reforzar la calidad, la eficiencia y la sostenibilidad, unos avances que el Gobierno ha apoyado en los últimos años invirtiendo más de 3.400 millones de euros para impulsar la competitividad y la modernización de las empresas turísticas y mejorar las condiciones de los trabajadores.