El Juzgado de lo Social núm. 6 de A Coruña ha determinado que VIRAXES, S.L., empresa que gestiona el Centro Deportivo Municipal (CDM) del Castrillón, vulneró derechos fundamentales de su personal, declarando nulo el despido de un socorrista.
La justicia obliga a readmitir al trabajador, porque la empresa vulneró su derecho a la libertad sindical y su derecho a no sufrir discriminación. También anula el despido, que fue una represalia por haberse negado a declarar sobre su afiliación a la Federación de Atención a la Ciudadanía de la UNIÓN SINDICAL OBRERA en Galicia (FAC-USO Galicia). A mayores de tener que abonar los salarios dejados de percibir, condena a indemnizar, a dicho trabajador, en la cantidad de 7.501,00 euros.
La empresa lo despidió por causas disciplinarias, alegando únicamente la disminución continuada y voluntaria en el rendimiento normal de su trabajo, después de que en agosto comenzasen a salir, en prensa, noticias de la denuncia de FAC-USO sobre las irregularidades, ahora confirmadas, en la gestión del CDM por la empresa VIRAXES, S.L. El Juzgado también declara nulo el despido por no haber tramitado un despido colectivo, pese a haber superado el umbral de extinciones laborales.
El fallo constata, como hechos probados, que VIRAXES, S.L., ordenó que el socorrista impartiese cursos como monitor, sin tener titulación; que pusiese pastillas de bromo, incrementador de ph o controlar el dosificador en la sala de máquinas, etc.; o, lo más grave, permitió y sigue permitiendo que la Coordinadora no tenga titulación, un caso de intrusismo profesional, como hemos denunciado.
De este modo se han visto confirmadas nuestras denuncias sobre las irregularidades e ilegalidades que viene cometiendo VIRAXES, S.L., cuyo gerente lleva meses negándolas, señalando que se trata de un hecho “puntual e concreto” con una “trabajadora natural de Carballo”, a la que reconoció que, también pretendió “despedir”, con el motivo del incumplimiento del puesto para el que fue contratada.
Por todo ello, desde USO seguimos sin entender como EMVSA, poder adjudicador y responsable del servicio, lleva más de 10 meses sin tomar medidas, convirtiéndose, de esta manera, en cómplice de todas las ilegalidades contractuales y laborales de VIRAXES, S.L.