El uso del trabajo forzoso por parte de la República Popular Democrática de Corea está “institucionalizado profundamente”, según un informe de la Oficina de Derechos Humanos basado 183 entrevistas realizadas entre 2015 y 2023 a víctimas y testigos que lograron escapar y ahora viven en el extranjero.
“Los testimonios recogidos en este informe ofrecen una visión estremecedora y angustiosa del sufrimiento infligido a través del trabajo forzoso a las personas, tanto por su magnitud como por los niveles de violencia y trato inhumano”, ha declarado el jefe de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk.
“Estas personas se ven obligadas a trabajar en condiciones intolerables, a menudo en sectores peligrosos, con ausencia de remuneración, libre elección, posibilidad de marcharse, protección, atención médica, tiempo libre, alimentos y alojamiento. Se les somete a vigilancia constante, se les golpea con regularidad, mientras que las mujeres están expuestas a riesgos continuos de violencia sexual”, dijo la portavoz de la Oficina, Liz Throsell.
El informe concluye que el sistema “actúa como medio para que el Estado controle, vigile y adoctrine a la población”.
Las violaciones más graves las sufren los presos que se convierten en “propiedad” del Estado, con un grado de control característicos de la esclavitud, que es un crimen contra la humanidad, dice el informe.
Tras terminar la escuela o el servicio militar, el Estado asigna a cada norcoreano un lugar de trabajo y dicta donde deben vivir. La ausencia de libre elección de trabajo, la imposibilidad de formar sindicatos, la amenaza de encarcelamiento por no acudir al trabajo y el impago continuo de salarios dibujan un panorama de trabajo forzado institucionalizado.