La Xunta deberá declarar determinadas áreas de Galicia, aun por definir con exactitud, como zonas vulnerables de nitratos a finales de mayo o principios de junio.
Ello provocará serias restricciones legales en el uso de abonos orgánicos en fincas y mayores exigencias burocráticas para los ahora habituales usos agrícolas o para, por ejemplo, construir o ampliar granjas ganaderas, amén de fuertes sanciones para los infractores de la inminente normativa.
Esta circunstancia está provocando ya una seria inquietud en productores y asociaciones del sector primario de Galicia.
Esa resolución, a la que la administración autonómica se ve abocada por una orden del 9 mayo de 2022 del Ministerio de Transición Ecológica, define la actualización del mapa de las aguas afectadas por la contaminación ocasionada por nitratos y fosfato, entre otros elementos nocivos.
La plasmación de esa orden de 2022 es potestad de las comunidades autónomas y su plasmación en texto legal tiene un plazo de 3 años, que vencen a comienzos de mayo.
En marzo, reunión
A principios de marzo, la Consellería de Medio Rural ha convocado en Santiago a algunos agentes del sector para informarles y debatir con ellos la concreción de esta ya cercana normativa.
En el centro de la diana está la comarca agroganadera más potente de Galicia, A LIMIA. Durante los últimos años, diferentes mediciones han verificado puntualmente altos niveles de nitratos en el agua de zonas concretas de esta comarca.
Una vez que el Ministerio fijó el mapa de aguas contaminadas, las comunidades autónomas deben designar como zonas vulnerables aquellas en las que las escorrentías fluyan hacia las aguas incluidas en el mapa de contaminación.
La Xunta puso en marcha el llamado Plan Estratégico de A Limia, del que no se conocen por ahora medidas concretas. En el centro de ese plan estaba, entre otros aspectos, evaluar las consecuencias de esa nueva normativa sobre contaminación por nitratos.
La saturación de las tierras agrícolas de nitratos y fosfatos, las cianobacterias y los hipotéticos peligros para la salud humana están sobre la mesa de este debate, aún no abordado con rigor en Galicia.
La cuenca del río Limia pertenece al territorio de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y, de acuerdo con esto, el control de la contaminación por nitratos de las aguas de esta zona corresponde a la Administración del Estado. Esa Confederación sería la responsable de aplicar futuras sanciones a infractores de la ley. La Administración estatal dispone de puntos de toma de agua que analiza con periodicidad.
Multas de Bruselas
Al fondo de toda esta problemática está la UNIÓN EUROPEA. Sus crecientes exigencias sobre la calidad de las aguas y los peligros de la contaminación llevaron en su día a una denuncia contra el Reino de España resuelta hace ahora casi un año por el Tribunal Superior de la UE. En el fallo se daba parcialmente la razón a los planteamientos de Bruselas y se instaba a España a adoptar medidas adicionales para corregir una situación preocupante.
Esta contaminación del agua está directamente relacionada con el uso inadecuado de fertilizantes (orgánicos o inorgánicos) en la actividad agrícola. El uso de fertilizantes presenta numerosas ventajas sociales y económicas, pero, cuando se lleva a cabo por encima de las necesidades reales del cultivo, además provoca un coste económico y ambiental en términos de efectos sobre las aguas, el cambio climático o la calidad del aire
Algunas comunidades autónomas ya han tomado medidas, como Castilla y León. El exceso de uso de fertilizantes nitrogenados (orgánicos más inorgánicos) aparece reflejado en las estadísticas del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación se cifra en unas 118.000 toneladas de Nitrógeno/año que se utilizan por encima de las necesidades reales de los cultivos en esa comunidad. Eso supone que se está produciendo un exceso de nitrógeno del orden de más de 25 kg/ha de superficie agraria útil y un gasto en las explotaciones agrícolas de aproximadamente de unos 23 millones de euros.
