El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Sector de la Guardia Civil de Galicia ha puesto el foco en la manipulación de los registros de tiempo de conducción y descanso, investigando a dos conductores profesionales por un presunto delito de falsedad documental. La clave de la investigación reside en el uso indebido de la tarjeta digital de conductor, un documento personal e intransferible.
La investigación se puso en marcha el pasado 1 de mayo de 2025 cuando agentes del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Corcubión, durante un servicio rutinario de inspección de transportes, detectaron una anomalía. Un conductor estaba utilizando la tarjeta digital de otra persona que no se encontraba en la cabina del camión en ese momento. Tras las primeras pesquisas, se confirmó que el titular de la tarjeta era un asalariado del conductor que la estaba usando.
Tras ser informados de los hechos, los efectivos del GIAT recabaron las pruebas digitales necesarias, llevando a la investigación de ambos implicados. Se considera al jefe de la empresa transportista como presunto autor del delito de falsedad documental, mientras que el asalariado es investigado como colaborador necesario. La investigación ha revelado que el jefe hacía uso de la tarjeta digital del asalariado con el pleno conocimiento y consentimiento de este último.
Esta práctica, al ceder la tarjeta digital y permitir su uso por otra persona, tiene graves consecuencias. No solo se falsean los registros del tacógrafo digital, que son fundamentales para controlar los tiempos de conducción y descanso de los profesionales, sino que también se justifica la actividad de un conductor bajo la identidad de otro, comprometiendo la transparencia y legalidad del transporte.
La Guardia Civil recuerda la importancia capital de la tarjeta digital de conductor, enfatizando que es un documento electrónico de carácter personal y solo puede ser utilizada por su titular. Las inspecciones que realiza la Agrupación de Tráfico tienen un triple objetivo: mejorar las condiciones laborales de los conductores profesionales, velar por la competencia leal entre empresas e incrementar la seguridad vial en las carreteras.
Además de los procedimientos penales iniciados contra los implicados, las empresas transportistas que incurran en estas infracciones se enfrentarán a sanciones administrativas significativas, cuyas cuantías oscilan entre los 2.001 y los 4.001 euros. Estas multas reflejan la gravedad de unas infracciones que no solo afectan la legalidad, sino que también comprometen seriamente la seguridad vial.
