CCOO-Ensino, ANPE y UGT-SP han presentado esta mañana en los Juzgados de Santiago de Compostela un recurso contencioso-administrativo contra la Consellería de Educación. La demanda surge por los reiterados incumplimientos del Acuerdo sobre medidas de mejora en el sistema educativo público gallego.
La decisión se ha tomado tras agotar todas las vías administrativas, incluyendo una queja ante la Valedora do Pobo. Los sindicatos denuncian múltiples vulneraciones del acuerdo, como la paralización de la reducción de ratios, la limitación de desdoblamientos y la reducción del profesorado de apoyo, especialmente tras la aprobación de la Ley 5/2024.
Según los sindicatos, si el Acuerdo se hubiera aplicado íntegramente, este curso escolar contaría con 282 aulas y hasta 396 docentes adicionales, que se sumarían a los 556 ya incorporados, alcanzando un incremento total de 952 efectivos.
Entre los incumplimientos más graves se encuentran los relacionados con la ratio en aulas mixtas y el cómputo de alumnado con necesidades educativas especiales, afectando a 110 y 67 centros respectivamente. La Instrucción 2/2025 se cita como ejemplo de la actitud obstruccionista de la Administración.
A pesar de esta situación, los sindicatos han decidido no retirar su firma del acuerdo, a diferencia de lo que reclaman otras organizaciones. Argumentan que hacerlo implicaría renunciar a avances ya consolidados y provocar importantes retrocesos, como:
- La reducción de 556 docentes este curso.
- La supresión de hasta 204 aulas y 300 puestos.
- El retorno a ratios de 25 en Infantil y Primaria y un incremento en aulas mixtas (de 14 a 25).
- La supresión del cómputo doble/triple de alumnado con necesidades especiales (NEAE).
- El incremento de dos horas lectivas semanales para el profesorado.
- Recortes salariales por sexenios y para equipos directivos.
- La supresión de ayudas a la formación y licencias para estudios universitarios.
- La paralización de la aplicación progresiva de ratios en Secundaria y Bachillerato.
- El freno al plan de racionalización burocrática y a las reuniones telemáticas.
Los sindicatos firmantes enfatizan que, en el actual contexto de descenso demográfico (con casi 3000 alumnos menos cada curso), el Acuerdo ha evitado la pérdida de más de 800 aulas y 1200 docentes en los próximos tres años. Solo en este curso, se ha logrado romper la tendencia: se crearon 10 aulas y 21 puestos definitivos, frente a la destrucción acumulada de 239 aulas y 334 puestos en cursos anteriores.
Las organizaciones firmantes reafirman su hoja de ruta: denuncia pública, movilización, acción institucional y vía judicial. Subrayan que cumplir los acuerdos no es una opción, sino una obligación.
