Antonio Ameijide, portavoz del Grupo Provincial Popular, señaló que «llama poderosamente la atención las ausencias y los sillones que están vacíos» en el hemiciclo socialista, sugiriendo que «quizás salió mal intentar coser las costuras dentro del PSOE a machetazos». También se preguntó si «corren las aguas revueltas en el PSOE de la provincia de Lugo igual que por el Sil cuando andaban de paseo con Santos Cerdán».
Ameijide criticó al presidente de la Diputación, José Tomé, afirmando que «Tomé debió quedarse mudo porque no ofreció ninguna explicación al esperpento vivido hoy en el pleno de la Diputación, al igual que Sánchez está quedándose solo, escondido y en silencio». El popular lamentó que «lo peor es que los vecinos de la provincia pagamos las peleas internas del PSOE y sufrimos la debilidad de un gobierno débil y sin liderazgo».
Disputas internas y sus consecuencias para los ciudadanos
El portavoz popular también arremetió contra Tomé por su «obsesión» en pedir la dimisión de la presidenta provincial del PP, Elena Candia, mientras ignora los problemas internos de su propio partido. «Creo que debería mirar para su casa porque después de lo vivido hoy en el pleno queda claro que son muchos los problemas internos que tiene y no parecen fáciles de solucionar», declaró Ameijide, enfatizando que «lo preocupante es que los lucenses tenemos que pagar las reyertas internas del PSOE».
Residencia de Becerreá: un punto de conflicto
El gobierno provincial, formado por PSOE y BNG, no logró aprobar la memoria definitiva de la actividad económica y el régimen jurídico de la residencia de Becerreá. Esta propuesta implicaría que los residentes de Becerreá y su comarca pagarían un 60% más por el servicio que los usuarios de las otras nueve residencias de la red de la Diputación. En concreto, un vecino dependiente pagaría 2.200 €/mes en Becerreá frente a los 1.390 €/mes en residencias cercanas como Navia o Pedrafita.
Ameijide criticó la «nula capacidad de escucha» del gobierno de Tomé, PSOE y BNG, al rechazar 480 alegaciones presentadas por vecinos de Becerreá y la comarca, el PP de Becerreá y el propio Grupo Provincial Popular. «No se puede aprobar una propuesta que quiere generar vecinos de primera y de segunda y que no tiene en cuenta las alegaciones de los vecinos», sentenció.
Modelo «privatizador» y promesas incumplidas
El PP denunció que la propuesta del gobierno provincial para la residencia de Becerreá revela un «modelo privatizador». Ameijide interpeló al BNG, señalando que «mucho critican en el Parlamento, pero lo que pretenden aprobar aquí es una privatización del servicio de atención a mayores».
Además, el portavoz popular acusó al gobierno de «engañar» a los ciudadanos. Recordó que en diciembre de 2016 se firmó un convenio por 5,4 millones de euros con plazos para la apertura de la residencia. Sin embargo, «hoy, casi en julio de 2025, la residencia sigue cerrada, por capricho político, sin dar servicio para la comarca ni crear docenas de puestos de trabajo».
Finalmente, Ameijide recalcó que «los vecinos de Becerreá no tienen culpa de los problemas internos del PSOE», y responsabilizó al gobierno provincial de desatender las 2.666 firmas que pedían la apertura de la residencia, las constantes manifestaciones (con el regreso de los vecinos de Becerreá al Pleno tras varios meses de veto), y las propuestas políticas presentadas en el Pleno.
