JUCIL, la asociación profesional mayoritaria de la Guardia Civil, denuncia que, ocho meses después de los graves daños ocasionados por la DANA en Valencia, varios acuartelamientos de la provincia continúan sin estar completamente operativos y exige una respuesta urgente del Ministerio del Interior. Esta situación afecta directamente a las condiciones laborales, de seguridad y dignidad de los agentes destinados en estas unidades, así como a la calidad del servicio prestado a la ciudadanía,
La situación es especialmente alarmante en Paiporta, donde, a pesar de que un informe de la Dirección General de la Guardia Civil sostiene que el edificio “no presenta daños visibles”, los hechos desmienten esa afirmación. El servicio de Intervención de Armas, compuesto por cuatro agentes, se ve obligado a operar en una furgoneta sin ventilación efectiva, aparcada en la vía pública, con la puerta abierta y en condiciones absolutamente precarias. Las armas se manipulan a la intemperie y se depositan en el suelo del vehículo o en plena calle, con los evidentes riesgos que ello supone tanto para los efectivos encargados de su control como para los ciudadanos que acuden a realizar los trámites pertinentes.
Tras proponer JUCIL varias soluciones provisionales a la Comandancia, entre ellas el traslado a la localidad de Albal, todo apunta a que la unidad será trasladada a unas dependencias que se habilitarán en esta población. Sin embargo, la ausencia de un armero en esta ubicación obliga a un transporte diario de armas que incrementa notablemente los riesgos para usuarios y agentes.
JUCIL califica esta situación de inaceptable y recuerda que la integridad física de los guardias civiles y la seguridad del material armamentístico son responsabilidades que no pueden seguir relegándose, especialmente ahora que, con la llegada del verano, se prevé un aumento de población. De hecho, ya se ha registrado una denuncia formal por parte de un ciudadano, alertando sobre las condiciones en las que se está trabajando.
La situación no es mejor en el Puesto Principal de Llíria, donde los agentes del Área de Atención han denunciado una sobrecarga laboral inadmisible. En numerosas ocasiones, un solo guardia civil se ve obligado a gestionar simultáneamente la atención ciudadana, la recogida de denuncias, la vigilancia de calabozos y la custodia de detenidos. Las condiciones en las que se recogen denuncias sensibles —como casos de violencia de género, agresiones sexuales o desapariciones— vulneran la privacidad y seguridad de las víctimas. A esta situación se suma la carencia de medios técnicos, como impresoras o escáneres, que agudizan aún más el colapso operativo.
Las respuestas ofrecidas por la Comandancia —como “se intentará reforzar” los servicios o “no se ve viable” la reubicación de los calabozos— resultan claramente insuficientes y evidencian la ausencia de medidas estructurales reales.
Por otro lado, el informe oficial de la Dirección General de la Guardia Civil reconoce también daños relevantes en otros acuartelamientos de la provincia de Valencia afectados por las inundaciones de octubre de 2024. Entre ellos, Alfafar, Benaguasil, Chiva, Llombai, Requena y Utiel presentan desde problemas de humedades y deterioro estructural hasta la necesidad de adaptar sus instalaciones a la normativa vigente. Sin embargo, no se ha especificado un calendario de ejecución realista ni se han evidenciado avances concretos, a pesar del tiempo transcurrido y del riesgo operativo que supone mantener abiertas estas infraestructuras en condiciones deficientes.
Desde la asociación mayoritaria de la Benemérita se alerta de que la falta de planificación, la opacidad en los plazos y la ausencia de medidas preventivas contribuyen a una sensación generalizada de abandono institucional entre los agentes y las comunidades afectadas.
Por ello, se exige al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil una actuación inmediata, transparente y coordinada que garantice:
- Unas condiciones de trabajo seguras y dignas para los agentes.
- La correcta custodia del armamento.
- Un servicio de calidad y con garantías de privacidad para la ciudadanía que acude a estos puestos.
JUCIL insiste en que no se puede normalizar la precariedad ni seguir gestionando la seguridad pública desde la improvisación. La asociación continuará defendiendo la dignidad de los guardias civiles y denunciando ante la opinión pública y las instituciones cualquier incumplimiento que ponga en riesgo su bienestar y el de la ciudadanía.
