JUCIL, asociación mayoritaria en la Guardia Civil, se personó como acusación popular – ahora unificada- y también como particular en defensa de varios guardias civiles que formaron parte de los brutales hechos del ‘caso Barbate’. Ante la imposición de libertad provisional bajo fianza de los detenidos y presuntos asesinos y su salida de la prisión Puerto II, a la que todas las acusaciones personadas se han opuesto, trasladamos que esta medida nos causa un profundo dolor, tanto a nosotros como a los miembros del Cuerpo y las familias de las víctimas.
Ernesto Vilariño, secretario general de JUCIL, teme que esto pueda “envíar un mensaje de impunidad profundamente peligroso, especialmente en un contexto como el del Campo de Gibraltar, donde el narcotráfico ha arraigado con fuerza y violencia”.
Junto a ello, añade que “casos como este ponen de nuevo de manifiesto las consecuencias de decisiones políticas desacertadas, como el desmantelamiento del OCON-SUR”, cuya desaparición ha supuesto un debilitamiento evidente en la lucha contra el narcotráfico. Desde entonces, han proliferado las agresiones y ataques a los guardias civiles, culminando en tragedias como la que nos ocupa.
“No podemos permitir que la muerte de nuestros compañeros caiga en el olvido, ni que dentro de un año estemos lamentando otra tragedia similar”, ha indicado. El narcotráfico es un problema de extrema gravedad que debe ser combatido con todos los medios del Estado, sin concesiones ni medidas que puedan interpretarse como un paso atrás en esta lucha.
Desde JUCIL exigimos que se imponga todo el peso de la ley sobre los responsables de este crimen.
