La democracia española atraviesa uno de los periodos más oscuros de su historia reciente. No por un enfrentamiento ideológico o disputas electorales, sino por la degradación moral e institucional que se extiende silenciosamente desde lo más alto. La reciente ley de amnistía, aprobada con la connivencia de partidos secesionistas, no solo rompe con la igualdad ante la ley, sino que amenaza con desmembrar un país que vale precisamente por su unidad. Fue hecha a medida de un grupo específico, a cambio de apoyo político, y valida por la vía legal aquello que la Constitución siempre condenó, el privilegio regional sostenido por el chantaje político. A esto se suma ahora una nueva legislación que, en el fondo, institucionaliza desigualdades entre comunidades autónomas en la gestión de fondos públicos. Y todo ello mientras se insiste en imponer lenguas regionales en las instituciones europeas, con costes exorbitantes y sin ningún valor práctico, cuando España tiene una lengua oficial, hablada y entendida por todos los españoles, el castellano. Conviene decirlo: todo esto no solo pone en riesgo la unidad de España como nación unificada y con una historia inmensamente rica, sino que también amenaza el sueño sobre el que se fundó la Unión Europea.
Pero igual de preocupantes son los escándalos éticos y penales que hoy avergüenzan al país. Uno de los hombres fuertes del partido en el poder, cercano al presidente del Gobierno, está en prisión. Las acusaciones son graves: contratos públicos con claros indicios de corrupción, negociaciones que implican pagos por favores sexuales y reparto de sobornos que superan el millón de euros. Más allá de los hechos, lo que verdaderamente indigna es el encubrimiento, intentos sistemáticos de desacreditar fiscales, silenciar jueces y desviar la atención de la opinión pública. En el centro de todo ello, una figura, el presidente del Gobierno. Y por si fuera poco, surgen ahora denuncias que vinculan a un familiar cercano con negocios turbios relacionados con la prostitución, con alegaciones de que el presidente habría vivido en una vivienda pagada con dinero procedente de esas redes. En el Parlamento, estas acusaciones fueron pronunciadas con gravedad y frontalidad. ¿La respuesta del partido? Prohibir oficialmente a sus militantes pagar por servicios sexuales. Un gesto que, lejos de limpiar su imagen, solo confirma la podredumbre moral y ética instalada.
Más chocante aún es el silencio cómplice de quienes lo rodean. Mujeres que, en nombre de la conveniencia, relativizan o ignoran estos comportamientos. La indignación selectiva revela dos verdades incómodas: primero, todo lo que estas personas dicen sobre la violencia machista y de género es falso. Segundo, quien calla y acepta la degradación moral para conservar el puesto que le garantiza ciertos privilegios, se está prostituyendo políticamente y, sobre todo, moralmente. La sed de poder tiene estas cosas: consume el alma y destruye un país. Y son estos los ejemplos con los que las nuevas generaciones están creciendo y formándose como personas. ¿El mayor peligro? Que los españoles, exhaustos y desencantados, opten por soluciones extremas como último grito de protesta. Cuando se destruye la imagen de las instituciones, recuperar la confianza de la ciudadanía es una tarea casi imposible y puede llevar generaciones. Y el precio de la impunidad, algún día, se pagará con la moneda más cara, la de una democracia en ruinas. Ese día, la libertad será apenas un recuerdo histórico.
