La asociación profesional de Guardias Civiles, JUCIL, lamenta profundamente el suicidio de un agente ocurrido en el día de ayer en Huelva, que se convierte en la víctima número once, de la que tiene constancia, en lo que va de 2025. Este trágico suceso vuelve a poner de manifiesto la gravísima dejación de funciones por parte de la Dirección General de la Guardia Civil (DGGC) en la implementación de medidas efectivas de prevención de estas situaciones.
JUCIL denuncia que, a pesar de que la tasa de suicidios en la Guardia Civil es una de las más altas entre los cuerpos profesionales, con un 0,17% frente al 0,0085% del resto de la población, la Dirección General ha paralizado durante años la necesaria actualización de sus protocolos.
Hace ahora tres años desde que se clausuró el Grupo de Trabajo creado precisamente para elaborar la nueva normativa de prevención de suicidios dentro de la Benemérita. Este culminó con el firme compromiso de aprobar una batería de normas que incluían un Real Decreto, una Orden Ministerial y una Orden General. A fecha de hoy, ninguno de estos documentos ha visto la luz, manteniendo a los agentes desprotegidos bajo normativas obsoletas y claramente insuficientes para abordar esta lacra.
Armas reglamentarias, de la custodia rigurosa al riesgo vital
Entre las peticiones fundamentales que JUCIL solicitó incluir en esta nueva normativa se encuentra la necesidad de garantizar una valoración preventiva rápida y formal por parte del jefe de la unidad, seguida de la custodia del armamento reglamentario en un armero de unidad en caso de detectarse un riesgo para el agente.
Actualmente, los guardias civiles son responsables de la custodia de sus armas en sus domicilios particulares, obligados al máximo rigor en su protección. Sin embargo, en momentos de máxima desesperación, es esa misma arma la que se convierte en el medio para quitarse la vida.
JUCIL reitera su petición de instalar armeros en todas las unidades, una medida crucial para evitar que el armamento oficial se custodie en viviendas particulares. Esta situación se agrava en el contexto actual de dificultad para encontrar vivienda, obligando a muchos compañeros a alquilar habitaciones y convivir con personas ajenas al Cuerpo, lo que complica aún más la custodia segura y responsable del arma.
Protocolos obsoletos y la negación de los factores laborales
La inacción de la DGGC también se extiende a la actualización de la Orden General sobre Conductas Anómalas. A pesar de que el Grupo de Trabajo para su aprobación se cerró en octubre de 2022 con un texto definitivo, no se ha aprobado nada nuevo, remitiendo a los agentes a un protocolo básico que data de 2010.
El actual protocolo de investigación de suicidios de la Guardia Civil sigue basándose en la autopsia diferida y concluye sistemáticamente que el suicidio se debe a «temas personales», eludiendo la responsabilidad institucional.
“Es inasumible que se sigan ignorando los factores laborales que llevan a los compañeros a situaciones límite: la presión del trabajo, los horarios interminables, la falta crónica de personal que obliga a duplicar turnos y la escasez de medios,” declaran desde JUCIL. “Mientras se escudan en causas personales, siguen haciendo responsables a los agentes de la custodia del arma en su casa, permitiendo que cualquier caso no detectado tenga pleno acceso a ella.”
Un problema de salud pública y cifras que avergüenzan
JUCIL subraya que la cadena de suicidios dentro de la Benemérita no es solo una tragedia individual, sino un problema de salud pública que debe ser atajado con urgencia. El suicidio es la primera causa de muerte no natural dentro de la Institución.
Desde el año 2021 hasta hoy, al menos 69 guardias civiles se han quitado la vida, aproximadamente uno cada 25 días, lo que equivale a una una media anual entre 12 y 14 personas. Esta ratio anual de muertes sería inconcebible en cualquier empresa pública o privada, lo que evidencia el fracaso de las políticas de recursos humanos y prevención de riesgos laborales en la DGGC.
“Lamentamos profundamente cada vida perdida, y nos duele saber que hemos fallado como Institución al no proporcionar los medios y recursos necesarios para resolver sus problemas de salud mental. Las personas son lo primero, y una vida humana no tiene precio. Exigimos la aprobación inmediata de las normativas pendientes. No queremos que ningún compañero más nos deje por falta de acción,” apuntan desde JUCIL, que además señala que está con cada Guardia Civil en su lucha particular, poniendo a su servicio las herramientas necesarias con profesionales, para atender los casos de salud mental que desde la Institución se ignoran.
