Unión de Ciudadanos Independientes (UCÍN) Galicia ha emitido hoy una firme reclamación a la Xunta de Galicia para que asuma su responsabilidad y garantice el cumplimiento efectivo de la Ley 10/2014, de 3 de diciembre, de Accesibilidad de la comunidad autónoma. Esta exigencia surge como respuesta directa a los alarmantes datos publicados recientemente, que señalan que un 77% de los mayores de 65 años con movilidad reducida tropieza a diario con barreras arquitectónicas.
El estudio al que hace referencia UCÍN Galicia subraya que la inaccesibilidad no solo dificulta la movilidad física, sino que afecta directamente a la vida social (68%), el ocio (52%) y las actividades domésticas (44%) de este colectivo. La situación se agrava al constatar que la gran mayoría de los ayuntamientos gallegos sigue sin adaptar sus espacios públicos y edificios a los estándares marcados por la ley, a pesar de que la normativa lleva vigente más de una década.
«En Galicia, tenemos una ley ambiciosa de accesibilidad que, lamentablemente, se ha quedado en papel mojado en muchos de nuestros concellos,» afirma José Luis Calo, coordinador de UCÍN Galicia. «Es inaceptable que en una sociedad que envejece, la Xunta se quede de brazos cruzados mientras el 77% de nuestros mayores se ve obligado a renunciar a actividades básicas por culpa de unas barreras que deberían estar eliminadas hace años.»
El coordinador de UCÍN Galicia enfatiza que la accesibilidad es un derecho, no un privilegio. «No podemos permitir que miles de gallegos, entre ellos el 78% de los mayores con problemas de movilidad reducida, se vean obligados a renunciar a planes con sus amigos o a vivir una vida plena por la inacción administrativa. La Xunta debe actuar ya, con inspecciones rigurosas y dotación de recursos, para obligar a los ayuntamientos a cumplir la Ley 10/2014. Es una asignatura pendiente que condiciona de forma crucial la calidad de vida de los mayores y de las personas con discapacidad.»
UCÍN Galicia reclama una estrategia coordinada entre la Xunta y los gobiernos locales para establecer un calendario de actuaciones urgente y partidas presupuestarias específicas destinadas exclusivamente a la eliminación de las barreras en entornos urbanos y edificios de concurrencia pública.
