La formación Somos Cáceres ha alzado la voz contra lo que consideran un «abuso sistemático» de las industrias tomateras en Miajadas y su comarca. La denuncia es clara: se está asfixiando al agricultor con precios que ignoran la realidad del mercado y la legalidad vigente.
Cristina Redondo, portavoz agraria de la formación, ha puesto cifras al conflicto. Mientras que la rentabilidad mínima para un productor se sitúa en los 137 euros por tonelada, las industrias están cerrando acuerdos por apenas 107 euros. «No se puede imponer un precio que condena al agricultor a trabajar a pérdidas», afirma Redondo, señalando que esta práctica supone un atropello frontal a la Ley de la Cadena Alimentaria.
Desde Somos Cáceres no solo apuntan a las fábricas; la crítica se extiende a la inacción de la Junta de Extremadura. Advierten que este silencio administrativo está poniendo en jaque a la agricultura familiar, el verdadero motor que fija población y genera empleo en el corazón rural de la provincia.
«Si el sector del tomate cae, cae Miajadas. La Junta no puede seguir mirando hacia otro lado mientras se desmantela el futuro de nuestras zonas rurales«, sentencia la portavoz.
