José Ángel González abandona el cargo máximo de la Policía Nacional después de que un juzgado de Madrid admitiera a trámite la denuncia de una agente por violación, coacciones y abuso de poder.
La crisis en el Ministerio del Interior ha estallado este martes con la dimisión fulminante del Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Nacional. El comisario principal José Ángel González ha arrojado la toalla apenas horas después de trascender que el Juzgado de Instancia n.º 8 de Madrid investiga una querella criminal presentada contra él por una agente del Cuerpo. La renuncia, según fuentes de Interior, se hará efectiva de forma inmediata.
Los hechos que han forzado la caída del máximo mando policial se remontan al 23 de abril de 2025. Según el relato de la víctima —quien ya ha sido citada a declarar el próximo 17 de marzo—, los hechos ocurrieron mientras ella se encontraba en servicio activo en la localidad de Coslada.
La querella describe una escena de «extrema presión psicológica». Tras múltiples llamadas del DAO instándola a presentarse de inmediato, la agente habría sido conducida en un vehículo oficial hasta el domicilio de su superior. Allí, pese a la negativa inicial de la subordinada, el escenario habría derivado en un episodio de violencia física e intimidación ambiental.
«La conducta agresiva de naturaleza sexual estuvo marcada por una asimetría de poder manifiesta», detalla la denuncia admitida a trámite.
La gravedad de la acusación no se limita al presunto acto de agresión sexual con penetración. La agente detalla en su escrito una serie de delitos conexos que agravan la situación del ya ex-DAO:
- Malversación: Uso de recursos públicos (vehículo oficial) para fines ajenos al servicio.
- Coacciones y lesiones psíquicas: Un presunto control posterior para evitar que la víctima denunciara.
- Soborno laboral: La querella sostiene que González ofreció «compensaciones laborales» como moneda de cambio por el silencio de la agente.
Desde el departamento de Fernando Grande-Marlaska han optado por la vía de la resolución rápida tras la admisión a trámite de la querella el pasado 12 de febrero. Aunque rige la presunción de inocencia, la gravedad de los tipos delictivos —con la agravante de abuso de superioridad— hacía insostenible la permanencia de González al frente de la operativa policial.
El próximo 17 de marzo, la declaración de la víctima marcará el inicio de un proceso judicial que pone bajo el foco no solo la conducta personal de un mando, sino los protocolos de control y protección de las mujeres dentro de las fuerzas de seguridad del Estado.
