La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha mantenido un encuentro con el presidente de la Comisión de Defensa en el Senado, José Manuel Rey Varela, y el senador del Partido Popular Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu. A la reunión asistieron, en representación de la asociación, su presidente, Marco Antonio Gómez, y su vicepresidente, Casiano Sánchez.
El encuentro se desarrolló en un ambiente constructivo, en el que ATME agradeció la disposición de ambos representantes del Senado a recibirles, haciéndoles entrega de un dossier actualizado que recoge la problemática actual de las Fuerzas Armadas. La conversación se centró en tres ejes fundamentales: retribuciones, temporalidad y la reforma de la Ley de Derechos y Deberes.
En el bloque de retribuciones, la Comisión de Defensa coincidió con ATME en calificar de inaceptable la actual estructura salarial. Se puso de manifiesto que la diferencia entre el salario de un soldado y el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de apenas 100 euros, una situación que el presidente de la Comisión calificó de “muy grave”. Se subrayó la necesidad urgente de una modificación retributiva que adecúe los sueldos a la realidad actual, especialmente en la escala de Tropa y Marinería, donde la baja remuneración está dificultando la cobertura de vacantes.
Respecto a la temporalidad, ATME alertó sobre la crisis que comienza a vislumbrarse debido a que los integrantes de los numerosos ciclos de los años 2000, 2001 y 2002 están llegando a la edad de 45 años, momento en el que deben cesar en las Fuerzas Armadas. Los representantes asociativos defendieron que esta edad no debe ser un impedimento para la permanencia, comparando la situación con la de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con la mayoría de las profesiones, incluidas aquellas consideradas de riesgo, donde la edad no limita el desempeño profesional.
Uno de los puntos más críticos fue la solicitud de ATME para que la Comisión de Defensa actúe con el fin de iniciar una reforma de la Ley de Derechos y Deberes del Personal Militar. La asociación denunció el “anacronismo” que supone que empresas privadas —seguros, colchones o cursos de idiomas— tengan libre acceso a los acuartelamientos, mientras que las asociaciones profesionales, legalmente constituidas, tienen vetada la impartición de charlas informativas. ATME reclama no solo que se permita informar a soldados y marineros sobre sus derechos, tanto en sus unidades como en los centros de formación, sino también que los representantes de los militares se elijan mediante sufragio y que se modifique el funcionamiento del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, órgano en el que la ministra de Defensa ha mostrado su desinterés, al no acudir desde hace años.
ATME agradeció al presidente de la Comisión su disposición a mantener futuras reuniones, así como al senador Gutiérrez Díaz de Otazu su implicación. Asimismo, manifestó un reconocimiento especial a Julio San Martín Viscasillas, cuyo papel como interlocutor ha sido clave para facilitar este encuentro y por su constante dedicación.
