El Partido Popular Europeo (PPE) ha lanzado un aviso de gravedad sobre la normativa de seguridad vial en España. Según ha confirmado la Comisión Europea, el Gobierno español no notificó formalmente a Bruselas la ley que obliga al uso de la baliza V16 conectada, un paso administrativo imprescindible para normativas técnicas de este tipo.
Esta omisión no es un simple descuido burocrático. El PPE advierte de que las consecuencias jurídicas podrían ser «relevantes», abriendo la puerta a:
- Cuestionar la validez de la obligación: Al no haber sido comunicada a la UE, la normativa estatal podría considerarse inaplicable.
- Inseguridad jurídica: Los fabricantes y usuarios quedan en un limbo legal ante una norma que podría ser revocada o sancionada por Bruselas.
- Posibles sanciones: El incumplimiento de los protocolos de notificación técnica suele derivar en expedientes de infracción contra el Estado miembro.
Desde el PPE señalan que esta falta de transparencia pone en duda la ejecución de una medida que afecta a millones de conductores y al mercado europeo de dispositivos de seguridad.
