ATME ha mantenido el 8 de abril dos reuniones en la Asamblea de Madrid, celebradas respectivamente con el Grupo Parlamentario Popular, representado por José Virgilio Menéndez Medrano y Gema Covadonga Fernández Revuelta, y con el Grupo Parlamentario Socialista, a través de Tatiana Jiménez Liébana y José Luis García Sánchez. En nombre de la asociación asistieron su vicepresidente, Casiano Sánchez, y el delegado en la Comunidad de Madrid, Joaquín del Río.
Durante los encuentros, ATME expuso la situación de los militares de tropa y marinería que, al cumplir los 45 años, deben abandonar las Fuerzas Armadas, subrayando que las administraciones autonómicas también tienen responsabilidades hacia quienes han dedicado años de servicio al país. En este marco, la asociación solicitó que se impulsen propuestas de reserva de plazas en ámbitos donde estos profesionales puedan aplicar su experiencia —como puestos logísticos o de conducción—, así como el cumplimiento efectivo del Artículo 20 de la Ley de Tropa y Marinería, que reconoce el tiempo de servicio como mérito en los procesos selectivos de las administraciones públicas.
ATME insistió en que dicho mérito debe aplicarse “de una vez por todas”, recordando que los acuerdos anunciados por el Ministerio de Defensa no se han traducido en medidas reales y que miles de militares continúan afrontando su salida sin una vía clara de integración laboral. Por ello, la asociación reclamó la modificación de la Ley de Función Pública de Madrid, con el fin de habilitar mecanismos que permitan la incorporación de estos profesionales a la administración autonómica.
Asimismo, se entregó documentación para que la Comunidad de Madrid apruebe subvenciones destinadas a la contratación estable de reservistas de especial disponibilidad, siguiendo el modelo ya implantado en Extremadura, Aragón y Murcia.
ATME también trasladó la existencia de un trato desigual respecto a otros cuerpos nacionales como Policía Nacional o Guardia Civil. Aunque el pasado año se ampliaron las ayudas de comedor escolar para los hijos de militares, la Comunidad continúa sin ofrecer acceso a programas de vivienda a precios reducidos ni beneficios en el transporte público, pese a que los militares soportan una movilidad geográfica muy superior y perciben las retribuciones más bajas dentro del ámbito de la seguridad y la defensa.
