La Guardia Civil, en el marco de la Operación «Balarama», ha desarticulado una compleja organización criminal asentada en la provincia de Castellón dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. La intervención se ha saldado con la liberación de 80 personas —77 hombres y 3 mujeres de entre 20 y 35 años— y la detención de siete integrantes de la red.
Captación mediante engaño y deuda
La organización, liderada por un matrimonio de origen pakistaní, captaba a sus víctimas en países como Nepal, Pakistán o Senegal a través de redes sociales y contactos personales. Les prometían salarios dignos y alojamiento en España, pero la realidad era un sistema de semiesclavitud.
Una vez en nuestro país, la red les reclamaba el pago del viaje, generando una deuda que utilizaban como mecanismo de control y coacción. Las víctimas carecían de contratos y documentación legal, lo que las sumía en un estado de desprotección absoluta.
Hacinamiento en «zulos» y jornadas de 13 horas
El epicentro de la trama se situaba en Nules, donde los agentes localizaron cuatro viviendas propiedad de los cabecillas. Allí, las víctimas malvivían hacinadas en condiciones infrahumanas, en espacios descritos como «zulos» que, en muchos casos, carecían de agua corriente y luz.
Desde estos puntos, eran trasladados a explotaciones agrícolas de las provincias de Castellón y Valencia (comarcas de la Plana Baixa, L’Alt Palancia, Camp de Morvedre, Camp de Turia y L’Horta Nord). Allí eran sometidos a jornadas agotadoras de hasta 13 horas diarias sin apenas descanso. La remuneración era inexistente, ya que la red descontaba supuestos gastos de alojamiento y comida de sus salarios simbólicos.
Explotación bajo un clima de terror
La Guardia Civil destaca que el control sobre los trabajadores se ejercía mediante amenazas, coacciones y agresiones físicas. Este clima de miedo evitaba cualquier intento de huida o denuncia. Además, la red utilizaba estructuras empresariales legales para eludir sus obligaciones con la Seguridad Social y dar una apariencia de normalidad a su actividad delictiva.
En el operativo se han realizado cinco registros domiciliarios. De los siete detenidos, la autoridad judicial ya ha decretado el ingreso en prisión para dos de ellos.
La operación ha contado con la estrecha colaboración de la Fiscalía Provincial, la Inspección de Trabajo y diversas entidades sociales como Cruz Roja, Cáritas y el Banco de Alimentos, que actualmente velan por la protección, atención sanitaria y recuperación de las 80 víctimas rescatadas.
