Coordinador UCIN Galicia
Hay situaciones que no admiten matices ni interpretaciones. Son hechos. Realidades que, por incómodas que resulten, evidencian una deriva preocupante en la gestión de la seguridad pública. Santiago de Compostela, referente cultural y destino internacional, empieza a convertirse también en ejemplo de lo que ocurre cuando la política sustituye a la responsabilidad institucional.
Dos meses después del incendio que inutilizó parte de la comisaría, la situación sigue prácticamente igual. Agentes trabajando en condiciones impropias, espacios improvisados, atención ciudadana desde unidades móviles y más de cuarenta vehículos inmovilizados. Sin calabozos, sin instalaciones adecuadas y, lo más grave, sin una respuesta eficaz por parte del Ministerio del Interior.
No se trata de un episodio aislado, sino del reflejo de un problema estructural. En España se estima un déficit de más de 20.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil. Las plantillas de Seguridad Ciudadana están mermadas, dificultando la cobertura de servicios esenciales. A esto se suman reformas legislativas que, lejos de reforzar la labor policial, limitan su capacidad de actuación y aumentan la sensación de desprotección entre los agentes.
Existe una línea cada vez más fina —y peligrosa— entre la gestión política de la seguridad y el abandono institucional de quienes la garantizan. Cuando esa línea se cruza, las consecuencias son claras: deterioro del servicio, pérdida de eficacia y una preocupante “normalización de lo anormal”.
Santiago es hoy un caso paradigmático. Cerca de 300 agentes desempeñan su labor sin los medios necesarios, en un contexto especialmente delicado ante la llegada del verano, cuando la ciudad multiplica su población y aumentan las necesidades de seguridad. La falta de planificación, la lentitud en las soluciones y la ausencia de medidas estructurales sitúan tanto a los profesionales como a la ciudadanía en un escenario de riesgo evitable.
Pero el problema trasciende a una ciudad concreta. Los ciudadanos perciben cada día el deterioro de los servicios públicos esenciales, y la seguridad es uno de los más sensibles. Cuando la administración falla en sus pilares básicos, la confianza institucional se resquebraja. Y sin confianza, ningún sistema puede sostenerse.
Si no se acomete una reforma profunda e inmediata, España podría enfrentarse en un plazo corto —tres, cuatro o cinco años— a un colapso progresivo en la gestión pública. No es alarmismo, es una advertencia basada en hechos y tendencias que ya son visibles.
La comisaría incendiada de Santiago no es solo un edificio dañado. Es un símbolo: el reflejo de un modelo que necesita una revisión urgente. Porque cuando quienes nos protegen trabajan en condiciones indignas, el problema deja de ser solo suyo. Pasa a ser de todos.
La seguridad no puede ser una cuestión secundaria ni un campo de confrontación política. Es una obligación del Estado y, sobre todo, un derecho irrenunciable de la ciudadanía.
