La Administración Trump ha sido clave a la hora de aportar pruebas en el caso Zapatero; es un hecho. También lo seguirá siendo en el futuro porque a la colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, se une la solicitud formal de ayuda del juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, quien ha enviado una comisión rogatoria a Estados Unidos con el objetivo de conseguir más información sobre los integrantes de la presunta red criminal de tráfico de influencias atribuida al ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, convertido ya en centro de investigación internacional. Ya lo era antes, pero de forma confidencial, ahora lo es de forma oficial.
Asimismo, se busca recabar pruebas, tomar declaraciones y obtener información bancaria y fiscal en el extranjero que esté fuera de la jurisdicción española. Esta cooperación ha abierto una vía que conecta la presunta trama de influencias en España con operaciones globales bajo sospecha de lavado de dinero y corrupción al amparo del régimen chavista venezolano y el régimen comunista chino. Estos son los escenarios abiertos que han puesto a Zapatero y a Sánchez en el ojo del huracán mediático y judicial:
▶ Las investigaciones señalan movimientos vinculados a Plus Ultra, una aerolínea bajo el foco por posibles conexiones con fondos desviados de España y Venezuela. Esto hizo que el caso entrara en el radar de Washington hace tiempo.
▶ Desde hace años, EE. UU sigue la pista del dinero del régimen de Maduro y sus negocios corruptos: petróleo, oro, PDVSA, ayudas alimentarias y evasión de sanciones. FinCEN ha facilitado datos sobre transferencias sospechosas a cuentas suizas utilizadas presuntamente para blanquear capitales.
▶ En esa ruta aparece también Alex Saab, considerado el testaferro de Maduro y actualmente extraditado y procesado en Estados Unidos por fraude y evasión de sanciones. Su colaboración es clave para seguir recabando información.
▶ La red de Zapatero es internacional y mezcla presunto tráfico de influencias, dinero, petróleo venezolano, oro, joyas, tecnología china, presuntos amaños de contratos públicos con el Gobierno de España, sociedades en paraísos fiscales y conexiones por todo el mundo, en especial España, Venezuela y China.
Las claves de la solicitud judicial a EE. UU es conseguir el rastreo financiero: las autoridades judiciales españolas, pero también las estadounidenses, están interesadas en seguir el rastro de fondos económicos por todo el mundo. De acuerdo a la información que ya se tiene verificada, varios miembros de la trama disponen de cuentas bancarias en varios paraísos fiscales, perfectamente localizadas.
Otro eje son las comunicaciones de la aerolínea: Estados Unidos ya facilitó previamente a la causa judicial el acceso a comunicaciones intervenidas de directivos de la aerolínea Plus Ultra. En dichos mensajes del teléfono móvil de un alto cargo, se hacía mención explícita al ex presidente.
Otro punto importante: el alcance de la investigación. La petición formal se enmarca dentro de una pieza separada y secreta que indaga la implicación de altos cargos y funcionarios españoles en esta presunta trama.
El magistrado atribuye en la causa presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, señalando de manera indiciaria una estructura jerarquizada dedicada a la obtención de favores y contratos.
La comisión rogatoria se ha dirigido al Departamento de Justicia de EE. UU y a la Homeland Security Investigations (HSI), la agencia federal especializada en delitos transnacionales, que ya ha colaborado en el caso facilitando previamente el volcado y acceso a la información del teléfono móvil de Rodolfo Reyes (ex directivo y accionista de Plus Ultra).
A nivel interno, la Administración Trump está avanzando para imputar a Julio Martínez Martínez, uno de los testaferros de Zapatero, por presuntas operaciones de blanqueo de capitales en Miami, Florida. Una vía judicial que pondrá más presión para que Julio colabore con la Justicia de ambos países y se estreche el cerco sobre Zapatero, Sánchez y el PSOE. Por el momento, la Administración Trump se reserva el derecho a tomar amplias medidas legales contra Zapatero y otros implicados en la trama.
El presidente Trump y las decisiones que tome sobre este asunto su Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional pueden ser determinantes en el devenir de todos los implicados en la presunta red corrupta, Zapatero y Sánchez incluidos.
