En las últimas horas, las declaraciones y actos de figuras destacadas del ámbito político han generado un fuerte malestar, centrando el foco en la actitud de Óscar López y Patxi López respecto a la administración de justicia.
Ester Muñoz ha cuestionado duramente la reciente participación de Óscar López en un acto público de reconocimiento al exfiscal general del Estado, quien cuenta con una condena firme. Según fuentes críticas, resulta inadmisible que un cargo público avale con su presencia a una figura condenada, permitiéndose además el agravante de proferir acusaciones y calumnias contra la labor de los magistrados.
Paralelamente, Patxi López ha sido objeto de críticas por sus recientes declaraciones sobre los tiempos de los procedimientos judiciales. El portavoz ha cuestionado públicamente las «velocidades» de la justicia, una postura que ha sido calificada de imprudente e infundada.
Analistas jurídicos han señalado que estas declaraciones carecen de base técnica en derecho procesal. «Es llamativo que pretenda sentar cátedra sobre tiempos judiciales, quizá asumiendo un papel técnico para el que no tiene formación, dado que su perfil como ingeniero dista mucho del conocimiento especializado necesario para valorar el funcionamiento interno de los tribunales», han manifestado voces críticas al respecto.
Estas actuaciones reabren el debate sobre el respeto a la independencia judicial y la prudencia que deben mantener los representantes políticos al referirse a las instituciones que garantizan el Estado de Derecho en España.
