La Federación sitúa el foco en las administraciones públicas y en grandes clientes como Orange, RIU y Tragsa: “Quien mantenga servicios sin exigir garantías laborales y salariales no podrá decir que no sabía nada”
La crisis de Security Services KUO, S.L. ha dejado de ser un problema interno de empresa para convertirse en un asunto de alcance nacional dentro del sector de la seguridad privada. La mercantil, con una plantilla aproximada de 1.300 trabajadores y trabajadoras, figura ya en concurso voluntario y con sus facultades de administración suspendidas, en un procedimiento que puede afectar a servicios públicos y privados repartidos por todo el territorio.
La situación es especialmente delicada porque KUO no solo presta servicios de vigilancia para clientes privados. También aparece vinculada a contratos públicos y servicios dependientes de administraciones, organismos y entidades del sector público. La propia empresa ha trasladado a su plantilla la existencia de 5,9 millones de euros pendientes de abono por diversas administraciones, un dato que, de confirmarse, colocaría a esas administraciones en el centro del problema.
Para la Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la Unión Sindical Obrera —FTSP-USO—, lo ocurrido obliga a abrir una pregunta incómoda: ¿cuántas administraciones y grandes clientes han seguido contratando o manteniendo servicios con KUO sin comprobar suficientemente la situación real de la empresa y las garantías para sus trabajadores?
La Federación considera que el caso KUO golpea de lleno al modelo de contratación pública y privada de seguridad. Durante años, el sector ha denunciado adjudicaciones a la baja, servicios concedidos al límite económico y empresas que compiten con precios difícilmente sostenibles. Cuando ese modelo se rompe, las consecuencias no las sufren los despachos que firmaron los contratos, sino los vigilantes que cubren turnos, noches, festivos y servicios sensibles.
El procedimiento concursal abierto sobre KUO desmonta cualquier intento de reducir el asunto a una simple dificultad financiera. La empresa figura en concurso voluntario, con administración concursal designada, y consta que ha solicitado la apertura de la fase de liquidación. Para FTSP-USO, estos datos obligan a actuar de forma inmediata, sin excusas y sin comunicados tranquilizadores que no vayan acompañados de garantías reales.
El foco no debe ponerse únicamente en KUO. También debe ponerse en quienes contrataron, mantienen o se benefician de sus servicios.
FTSP-USO señala que administraciones públicas, organismos dependientes del sector público y grandes clientes privados deben dar explicaciones y adoptar medidas preventivas. Entre los nombres que aparecen vinculados o señalados en servicios del sector figuran Orange, la cadena RIU y Tragsa, además de distintas administraciones y organismos públicos que han adjudicado o mantenido contratos de vigilancia con la compañía.
La Federación exige a estos clientes que aclaren si mantienen servicios activos con KUO, cuántos trabajadores están afectados, si existen pagos pendientes, qué garantías salariales han exigido y qué plan tienen previsto en caso de impago, rescisión, pérdida del servicio o subrogación.
La pregunta es sencilla y demoledora: ¿van a esperar Orange, RIU, Tragsa y las administraciones contratantes a que haya nóminas impagadas, servicios descubiertos o conflictos de subrogación para tomar medidas?
FTSP-USO advierte de que ningún cliente podrá alegar desconocimiento si, tras conocerse la situación concursal, mantiene los servicios sin exigir garantías claras sobre salarios, cotizaciones, continuidad operativa y derechos laborales. La pasividad también tiene consecuencias. Y en este caso, además de laborales, puede tener un importante coste reputacional.
La seguridad privada no es una partida secundaria dentro de un presupuesto. No se trata de cambiar una contrata de limpieza de cristales o renegociar una factura de suministros. Hablamos de vigilantes que protegen sedes corporativas, hoteles, edificios públicos, centros administrativos, instalaciones sensibles, usuarios, trabajadores y patrimonio. Si la empresa adjudicataria entra en una situación crítica y el cliente no reacciona, el riesgo no desaparece: se traslada directamente a la plantilla y al servicio.
FTSP-USO recuerda que la responsabilidad de un cliente no termina al firmar un contrato. Especialmente cuando se trata de administraciones públicas, la obligación no es solo pagar una factura o adjudicar conforme a un expediente. También existe una responsabilidad política, social y laboral sobre las condiciones en las que se presta un servicio esencial.
Por eso, la Federación reclama que las administraciones públicas revisen de inmediato todos los contratos vigentes con KUO, identifiquen los centros afectados, comprueben si existen cantidades pendientes de abono y garanticen que ningún trabajador quede atrapado entre la empresa concursada, la administración concursal y el silencio del órgano de contratación.
En el ámbito privado, FTSP-USO lanza el mismo mensaje a grandes clientes como Orange y RIU: mantener servicios de seguridad con una empresa en esta situación exige una respuesta clara, no una espera prudente hasta que el problema estalle. La imagen de una gran compañía también se mide por cómo actúa cuando quienes protegen sus centros se encuentran en una situación de incertidumbre laboral.
El caso de Tragsa resulta especialmente sensible por su dimensión pública y por su vinculación con servicios donde la seguridad, la salubridad y la prevención de riesgos laborales ya han sido objeto de denuncia sindical. FTSP-USO considera que las entidades del sector público no pueden limitarse a observar el procedimiento concursal desde la barrera. Si hay trabajadores afectados en servicios gestionados o contratados por entidades públicas, deben existir respuestas públicas.
La Federación denuncia que este caso puede provocar un efecto dominó en el sector. La eventual salida de KUO de determinados servicios puede abrir la puerta a reasignaciones, nuevas adjudicaciones urgentes o entrada de grandes operadoras como Prosegur, Ilunion, Securitas, Eulen, Trablisa u otras compañías. Pero FTSP-USO advierte desde ya que cualquier cambio de empresa deberá respetar íntegramente la subrogación convencional, la antigüedad, la jornada, los pluses, las vacaciones y todos los derechos adquiridos.
La plantilla no puede ser tratada como un daño colateral de una liquidación empresarial ni como una carga incómoda en una nueva adjudicación. Los trabajadores no están en venta. Sus derechos no forman parte del lote.
FTSP-USO considera que lo ocurrido con KUO debe servir para revisar a fondo cómo se adjudican los servicios de seguridad en España. La Federación lleva años alertando de que contratar seguridad privada al precio más bajo termina saliendo caro: caro para los trabajadores, caro para la calidad del servicio y caro para la imagen de quienes contratan.
Cuando una empresa gana servicios ajustando precios al límite, alguien acaba pagando la diferencia. Y casi siempre es el mismo: el vigilante que ve peligrar su nómina, sus pluses, su cuadrante o su subrogación.
La Federación anuncia que realizará un seguimiento nacional de los servicios afectados y que pondrá el foco no solo en KUO, sino también en los clientes públicos y privados que no adopten medidas. FTSP-USO recopilará información centro por centro sobre impagos, retrasos salariales, falta de medios, problemas de cotización, cambios de cuadrante, presiones a la plantilla y cualquier incidencia vinculada a posibles subrogaciones.
El mensaje de FTSP-USO es claro: los clientes que actúen tarde también tendrán que dar explicaciones. Las administraciones que adeuden cantidades, si las hay, deberán responder. Las empresas privadas que mantengan servicios sin garantías deberán asumir el coste reputacional. Y cualquier compañía entrante que pretenda aprovechar la situación para recortar derechos se encontrará con la respuesta sindical correspondiente.
La caída de KUO no puede acabar como tantas otras crisis del sector: con una empresa desapareciendo del mapa, los clientes buscando una salida rápida y los trabajadores peleando por cobrar lo que ya han trabajado.
La seguridad privada no puede seguir funcionando sobre ofertas imposibles, adjudicaciones irresponsables y plantillas abandonadas cuando llegan los problemas.
FTSP-USO lo dice alto y claro: Orange, RIU, Tragsa, las administraciones públicas y cualquier cliente que mantenga servicios con KUO deben actuar ya.
Porque quien conoce el problema y no toma medidas deja de ser espectador.
Pasa a ser parte del problema.
Los trabajadores de KUO no están en liquidación.
Los derechos no se subastan.
La seguridad privada no se abandona.
