El Partido Popular ha presentado ayer una Proposición de Ley con el objetivo de proteger a las familias que cuidan de hijos con enfermedades graves y discapacidad, garantizando que la percepción de sus prestaciones no se vea interrumpida al alcanzar los 26 años de edad.
Hasta la fecha, el sistema de ayudas vigente impone un límite burocrático que, al llegar a esta edad, extingue las prestaciones que reciben las familias, a pesar de que la situación médica y el grado de dependencia del paciente permanezcan inalterables. Esta realidad obliga a los cuidadores, en la mayoría de los casos, padres y madres que han sacrificado su carrera profesional y años de cotización, a enfrentarse a una desprotección total en un momento en el que el cuidado sigue siendo tan necesario como el primer día.
Alberto Núñez Feijóo ha denunciado la rigidez de una normativa que ignora el día a día de miles de hogares españoles. «Hablemos de algo muy importante: cuando un hijo con una enfermedad grave cumple 26 años, la enfermedad no desaparece. La discapacidad tampoco. Los cuidados siguen siendo los mismos. Lo único que desaparece es la ayuda que reciben sus familias por dejarlo casi todo para estar donde más se les necesita»,
La propuesta legislativa presentada busca que la prestación continúe vigente mientras persista la misma enfermedad y el grado de dependencia certificado. Con esta medida, el PP pretende poner fin a un vacío legal que genera incertidumbre y angustia a cientos de familias, ofreciéndoles la seguridad de que el Estado no les dará la espalda en función de una fecha en el calendario.
El compromiso con las familias cuidadoras
Esta iniciativa nace tras recoger el testimonio de numerosas asociaciones y familias que reclaman una mayor sensibilidad política. El objetivo es que la protección social no se mida por los años cumplidos, sino por la realidad clínica y el esfuerzo de quienes dedican su vida a cuidar a los suyos.
Nuñez Feijóo confía en que esta Proposición de Ley cuente con el respaldo mayoritario del arco parlamentario, instando al Gobierno a priorizar esta medida que, más allá de siglas políticas, supone un acto de humanidad y justicia para con los colectivos más vulnerables.
