Consultor de Comunicación Política Estratégica
En política, el problema no siempre es lo que se dice. Muchas veces es dónde se dice y qué relato termina construyéndose. Las recientes declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral, realizadas en un foro empresarial, son un buen ejemplo de ello.
Aparentemente, el escenario era el adecuado: hablar de competitividad ante empresarios. Sin embargo, el resultado comunicativo ha sido el contrario. El debate ya no gira sobre cómo ayudar a las empresas gallegas a ser más competitivas, sino sobre si hay que penalizar a los trabajadores que están de baja. El foco ha cambiado y, con él, también el marco político.
Ese es el primer error estratégico. El absentismo es un problema real, pero reducirlo a una cuestión de comportamiento individual simplifica una realidad mucho más compleja. La mayoría de las bajas laborales responden a enfermedades o accidentes acreditados médicamente. La pregunta que debería hacerse cualquier responsable público no es por qué un trabajador está de baja, sino por qué tarda tanto en recuperarse.
Y ahí aparece el verdadero debate.
Cuando una resonancia se demora durante meses, una intervención quirúrgica se retrasa o la rehabilitación llega tarde, la incapacidad temporal se prolonga. Esa demora no perjudica únicamente al trabajador; perjudica también a las empresas, que soportan costes adicionales, reorganizan plantillas, retrasan proyectos y pierden productividad. Especialmente las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el tejido económico de Galicia.
Por eso sorprende que, en un foro empresarial, no se hablara de aquello que realmente reduciría el absentismo: una sanidad más ágil, una atención eficaz a la salud mental, más prevención de riesgos laborales y programas de reincorporación progresiva al trabajo. Esas sí son políticas que benefician simultáneamente a trabajadores y empresarios.
La política de comunicación más inteligente habría consistido en convertir el absentismo en un desafío de gestión pública y no en un motivo de confrontación social. Porque cuando un trabajador se recupera antes gracias a unos servicios públicos eficientes, la empresa recupera antes su capacidad productiva. No hay contradicción entre proteger derechos y mejorar la competitividad; al contrario, ambas cosas forman parte de la misma solución.
Quizá el mayor error estratégico no haya sido el contenido de las declaraciones, sino haber dejado abierta una oportunidad para que otros cambien el marco del debate. La verdadera discusión no debería ser quién tiene la culpa del absentismo, sino qué políticas públicas permiten reducirlo.
Porque las empresas gallegas no necesitan discursos que enfrenten a trabajadores y empleadores. Necesitan administraciones que reduzcan las listas de espera, aceleren los diagnósticos, impulsen la prevención y hagan posible que quien enferma pueda recuperarse antes y volver antes a trabajar.
En comunicación política existe una máxima invariable: quien ofrece soluciones acaba imponiendo su relato sobre quien busca culpables. Y ese, precisamente, es el espacio que hoy permanece vacío.
