VOX inicia una campaña en Galicia para exigir menos burocracia en el campo y libertad para producir

Vox ha puesto en marcha una campaña informativa en el medio rural gallego con el objetivo de combatir el exceso de regulación en el campo. La iniciativa busca revitalizar el sector primario, liberar a agricultores y ganaderos de las trabas administrativas y burocráticas, y facilitar el desarrollo productivo en los municipios del interior.

La campaña arrancó este sábado con una mesa informativa y una charla en el auditorio de la Casa Dopeso de As Pontes. A partir de esta primera jornada, dirigentes provinciales de la formación recorrerán diferentes municipios gallegos para trasladar sus propuestas directamente a vecinos, productores y representantes locales.

El presidente de Vox en A Coruña, Manuel Fuentes, ha señalado que el propósito de estos encuentros es recoger las demandas del sector y presentar sus medidas como alternativa a unas políticas autonómicas que consideran excesivamente restrictivas.

Frente al marco actual, Vox defiende una flexibilización normativa que permita agilizar permisos, facilitar usos productivos en el suelo rústico y autorizar edificaciones limitadas. El fin último es dinamizar la economía local, combatir la despoblación y reducir una carga burocrática que, según denuncian, asfixia a los profesionales.

“El campo gallego necesita menos papeles y más libertad para producir”, ha afirmado Fuentes, quien ha vinculado la problemática actual a normativas como la Ley del Suelo de Galicia (Ley 2/2016). Para la formación, esta norma —centrada en la protección del suelo rústico y el control territorial— ejemplifica las trabas que frenan el desarrollo rural. Por ello, proponen reformarla para priorizar la actividad económica sin renunciar a la protección de los espacios de alto valor ambiental.

Por su parte, el coordinador de Vox en As Pontes, Aquilino Meizoso, ha destacado que la campaña también defiende la libertad de los propietarios para edificar y plantar en sus parcelas. Asimismo, reclaman el derecho a recibir una indemnización previa cuando el interés público limite o prive a los dueños del uso de sus terrenos, una garantía que, según critica el partido, queda vulnerada con la regulación vigente.

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