Jesús Antonio Rodríguez Morilla
Hay frases políticas que, bajo apariencia de prudencia, revelan más de lo que dicen. “El petróleo no se toca” pertenece a esa clase.
Parece defender la reserva de un recurso estratégico; pero encierra una paradoja: el petróleo puede no extraerse según su frase, y, sin embargo, su precio toca de lleno a economías y ciudadanos.
La afirmación atribuida a George H. W. Bush, en la política energética estadounidense de comienzos de los noventa, remitía a reservas estratégicas y protección ambiental. Pero también expresaba una tensión entre seguridad de suministro e intervención en los mercados. La economía ha mostrado que el petróleo, aun bajo distinto tipo de custodia, actúa sobre precios, inflación, crédito y estabilidad social.
La frase adquiere así valor de “entelequia”: aparenta cerrar el problema, pero lo desplaza. El petróleo puede no tocarse; pero su precio, inevitablemente, afecta a todo lo demás.
De la reserva estratégica a la especulación
Bush padre defendía una lógica de reserva: las existencias estratégicas no debían usarse para suavizar tensiones ordinarias, sino como seguro frente a crisis severas. En 2008, Bush Jr. sostuvo la apertura a nuevas perforaciones ante precios elevados y dependencia exterior. El contraste refleja una transformación mayor: la energía dejó de ser solo suministro para convertirse en disputa entre mercado, expectativa, seguridad nacional y presión social.
El año 2008 confirmó esa mutación. El crudo alcanzó máximos próximos a los 147 dólares por barril, entre demanda emergente, debilidad del dólar, tensiones geopolíticas y capital financiero en materias primas. Cuando un recurso esencial se convierte también en activo especulativo, su precio incorpora expectativas, miedos y movimientos financieros.
El posterior desplome, iniciada la Gran Recesión, reveló la fragilidad del equilibrio. Los precios energéticos no eran un fenómeno externo, sino una pieza integrada en crédito, consumo, inversión y estabilidad presupuestaria.
En Europa, y especialmente en España, la crisis se prolongó por la burbuja inmobiliaria, la paralización del crédito, el endeudamiento y las políticas de ajuste. La recuperación dependió en parte de medidas monetarias excepcionales que alteraron el coste del dinero.
Desde 2015, el Banco Central Europeo recurrió a tipos muy bajos y compras masivas de activos para combatir la baja inflación y sostener el crédito. Aquella política ganó tiempo y alivió tensiones, pero también generó una normalidad aparente.
Una economía sostenida demasiado tiempo por condiciones excepcionales puede confundir el alivio con la curación.
Después, la pandemia, las guerras recientes, las sanciones y las tensiones energéticas devolvieron la inflación al centro del debate. Cuando los precios suben de forma persistente, el primer afectado no es una abstracción macroeconómica, sino el ciudadano común: el salario reacciona tarde y la pérdida de poder adquisitivo opera como empobrecimiento silencioso.
Crédito, Derecho y coste social
La respuesta de los bancos centrales ante una inflación elevada suele ser subir tipos, encarecer el crédito y enfriar la demanda. La lógica técnica es conocida; el coste social, también. El ajuste recae sobre familias hipotecadas, pequeñas empresas, trabajadores con rentas rígidas y sectores dependientes de financiación.
El crédito, antes vía de reactivación, se convierte entonces en carga. Las hipotecas se encarecen, los préstamos se restringen, la inversión se aplaza y el consumo se reduce. En España, esta tensión pesa más por el endeudamiento, los salarios rezagados y el predominio de pequeñas y medianas empresas.
La cuestión no debe contemplarse solo desde la economía. Tiene dimensión jurídica y social. La inflación altera prestaciones, tensiona contratos, modifica la capacidad económica real de los contribuyentes y pone a prueba la protección de consumidores. El Derecho no fija precios ni sustituye a la política monetaria, pero sí puede interrogarse sobre la equidad de las cargas impuestas.
Conclusión
La antigua frase permite, por ello, una lectura más amplia. No basta con decidir si un recurso se toca o no. Lo decisivo es comprender qué fuerzas se desencadenan alrededor de su precio, quién se beneficia de sus oscilaciones y quién soporta sus efectos.
El petróleo puede permanecer bajo tierra, protegido por razones ambientales, estratégicas o políticas. Pero su precio circula y se proyecta sobre toda la economía. En esa paradoja reside el problema: no se toca el recurso, pero se toca el salario; no se abre el pozo, pero se encarece la hipoteca; no se mueve el barril, pero se altera el equilibrio de familias, empresas y Estados. La verdadera cuestión no es solo si el petróleo debe tocarse, sino si una sociedad puede aceptar que sus precios toquen siempre a los mismos
