La Federación de Trabajadores de Seguridad Privada de la USO (FTSP-USO) ha solicitado una reunión con la Consellería competente en materia de Xustiza de la Xunta de Galicia para abordar la nueva contratación del servicio de vigilancia y seguridad de los edificios judiciales gallegos y trasladar directamente sus preocupaciones sobre las condiciones laborales y los mecanismos de control que deben acompañar a la futura adjudicación.
El nuevo contrato tiene un valor estimado superior a los seis millones de euros y afecta a un servicio especialmente sensible. Para FTSP-USO resulta imprescindible que una contratación pública de esta dimensión no se convierta en una competición basada fundamentalmente en el precio.
La Federación quiere abordar con Xustiza cuestiones como la subrogación de las plantillas, el dimensionamiento de los servicios, el cumplimiento del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad, la prevención de riesgos laborales, la formación específica, los medios materiales, la solvencia de las adjudicatarias y el control de posibles ofertas anormalmente bajas.
FTSP-USO solicita abordar estas cuestiones antes de la adjudicación
La solicitud de reunión responde a la voluntad de la Federación de plantear estas cuestiones antes de que la nueva adjudicación determine las condiciones en las que se prestará el servicio durante los próximos años.
FTSP-USO considera que existe margen para que la Administración refuerce los mecanismos de control y seguimiento y quiere conocer de primera mano qué garantías contempla la Xunta para evitar que una eventual reducción de costes termine repercutiendo sobre los vigilantes de seguridad o sobre la calidad del propio servicio.
«No queremos esperar a que aparezcan los problemas después de una adjudicación. Hemos solicitado reunirnos con Xustiza precisamente para anticiparnos, trasladar nuestra experiencia en el sector y defender que la seguridad de los juzgados se contrate con garantías laborales y empresariales suficientes», señala FTSP-USO.
La Federación considera que la experiencia acumulada en numerosos contratos públicos de Seguridad Privada demuestra que una adjudicación aparentemente económica puede terminar generando posteriormente conflictos laborales, dificultades empresariales, problemas en las subrogaciones o deficiencias en la prestación.
Alcor ya está presente en la seguridad de los juzgados gallegos
La preocupación de FTSP-USO no es meramente teórica.
Alcor Seguridad figura entre las empresas adjudicatarias del actual servicio de vigilancia y seguridad de edificios de la Administración de Justicia de Galicia, junto con otras compañías.
El anterior contrato comprendía edificios judiciales de A Coruña, Santiago de Compostela, Ferrol, Lugo, Viveiro, Monforte de Lemos, Ourense, Pontevedra, A Estrada, Marín, Cambados, Vigo y Lalín.
Ante la nueva licitación, la Federación considera imprescindible que la Xunta analice con rigor no solo las ofertas económicas que puedan presentarse, sino también la solvencia y el historial de cumplimiento laboral de las empresas que pretendan gestionar un servicio público de estas características.
Una trayectoria que FTSP-USO conoce de primera mano
FTSP-USO conoce directamente los conflictos laborales relacionados históricamente con Alcor Seguridad.
La Federación ha desarrollado durante años actuaciones sindicales y judiciales vinculadas a las condiciones laborales en la compañía y llegó a intervenir como acusación en el procedimiento penal seguido en Lugo contra Carlos Somoza, fundador y entonces administrador de Alcor Seguridad, y otros responsables de la empresa.
La Audiencia Provincial de Lugo dictó en 2024 sentencia condenando a Carlos Somoza a cinco meses de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores, junto con condenas a otros responsables.
Para FTSP-USO, este antecedente demuestra la importancia de que las Administraciones Públicas no analicen únicamente la documentación económica presentada en el momento de una licitación, sino que utilicen todos los instrumentos legalmente disponibles para garantizar que las empresas adjudicatarias mantienen un comportamiento compatible con las obligaciones laborales asociadas al contrato.
El Tribunal Supremo anuló las tablas salariales de Alcor
A estos antecedentes se suma una resolución judicial especialmente reciente.
El Tribunal Supremo, mediante sentencia de 18 de diciembre de 2025 posteriormente publicada en el BOE, declaró la nulidad de las tablas salariales para 2021 del Convenio Colectivo de Alcor Seguridad, al no haberse adaptado a las tablas salariales del Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Seguridad en los términos exigidos tras la reforma de la legislación laboral.
La Federación considera especialmente relevante esta resolución porque evidencia hasta qué punto las condiciones laborales y salariales pueden terminar siendo determinantes en la estructura económica con la que una empresa compite por contratos públicos.
En Seguridad Privada, donde el coste de personal representa una parte esencial del precio del servicio, cualquier oferta económica debe ser examinada teniendo en cuenta salarios, cotizaciones, vacaciones, descansos, sustituciones, formación y restantes obligaciones derivadas del convenio colectivo.
El precio no puede decidir quién protege nuestros juzgados
FTSP-USO quiere trasladar este planteamiento directamente a los responsables de Xustiza.
La Federación no pretende impedir la participación en el concurso de ninguna empresa que reúna legalmente los requisitos necesarios. Lo que exige es que el dinero público vaya acompañado del máximo nivel de responsabilidad laboral y empresarial.
Por ello, FTSP-USO reclamará en la reunión solicitada que la Xunta extreme el control sobre:
- la solvencia económica y técnica de las adjudicatarias;
- el cumplimiento íntegro del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad;
- la correcta subrogación de las plantillas;
- la viabilidad de las ofertas y el análisis de posibles bajas anormalmente reducidas;
- el cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social;
- el dimensionamiento suficiente de las plantillas;
- la cobertura efectiva de vacaciones, descansos, permisos e incidencias;
- la formación específica necesaria para prestar servicio en instalaciones judiciales;
- los protocolos y medidas de prevención frente a agresiones y situaciones conflictivas;
- y la dotación de medios materiales adecuados para los vigilantes.
La Federación defenderá igualmente la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento durante toda la ejecución del contrato, porque considera insuficiente comprobar el cumplimiento de requisitos únicamente en el momento de adjudicar.
«La Xunta debe saber a quién confía la seguridad de sus juzgados»
«Estamos hablando de quién va a proteger los juzgados gallegos, a sus trabajadores y a los miles de ciudadanos que pasan diariamente por ellos. La Xunta debe saber a quién confía esa responsabilidad y garantizar que detrás de cada oferta existe una empresa solvente, capaz de cumplir el convenio y respetar los derechos de sus trabajadores», señala FTSP-USO.
Para la Federación resulta especialmente importante que la propia Administración de Justicia sea ejemplar en esta materia.
«No tendría sentido exigir el cumplimiento de la legislación laboral mientras se contratan servicios públicos sin utilizar todas las herramientas disponibles para comprobar la trayectoria y solvencia de quienes van a ejecutarlos», añade FTSP-USO.
FTSP-USO vigilará el concurso y su adjudicación
FTSP-USO realizará un seguimiento específico del procedimiento abierto por la Xunta y analizará las empresas que concurran y las condiciones económicas finalmente ofertadas.
La Federación prestará especial atención a las bajas económicas, las condiciones de subrogación, el dimensionamiento de las plantillas, la solvencia empresarial y el cumplimiento del Convenio Estatal de Empresas de Seguridad.
FTSP-USO espera que Xustiza atienda la reunión solicitada y considera que la participación de las organizaciones sindicales que conocen directamente el funcionamiento de la Seguridad Privada puede contribuir a anticipar problemas en lugar de intentar solucionarlos una vez adjudicado el contrato.
«Nuestra intención es clara: contribuir a que el nuevo contrato garantice un buen servicio público y, al mismo tiempo, proteja a quienes todos los días garantizan la seguridad de nuestros juzgados. La seguridad de la Administración de Justicia no puede construirse sobre la inseguridad laboral de los vigilantes que la protegen», concluye FTSP-USO.
