La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha trasladado a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado su profunda preocupación por la aparición de trampas —presuntamente colocadas por inmigrantes irregulares— en zonas de riesgo del perímetro fronterizo de Ceuta. La iniciativa surge tras la difusión de unas imágenes en El Faro de Ceuta donde se observa a un individuo explicando cómo coloca piedras sueltas sobre cartones para provocar la caída al vacío de los militares. El vídeo, ampliamente difundido en redes sociales, muestra una maniobra que, según la asociación, compromete seriamente la integridad física de los efectivos y el cumplimiento de sus misiones.
ATME subraya que las amenazas, agresiones o acciones destinadas a poner en peligro a los militares, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y a otros servidores públicos «no pueden quedar impunes». Asimismo, advierte de que no deben resolverse con la simple salida voluntaria de los autores hacia Marruecos para eludir a la justicia española. Por ello, ha solicitado a los grupos parlamentarios que exijan al Gobierno explicaciones claras y medidas inmediatas.
En su escrito, la asociación solicita saber si el Ejecutivo y el Ministerio de Defensa tienen constancia de estas trampas y qué actuaciones se han ordenado para reforzar la seguridad del personal, tales como la mejora de la vigilancia, el reconocimiento del terreno o la revisión de los protocolos de acceso a zonas peligrosas. De igual modo, pregunta si se ha instruido a las FCSE para identificar y detener al individuo que aparece en el vídeo y cuál es el estado de dichas actuaciones.
Además, ATME reclama información detallada sobre:
- El número de incidentes registrados, agresiones, amenazas, lanzamiento de objetos o resistencia violenta contra militares desde el inicio de la entrada masiva de inmigrantes el pasado 30 de julio.
- La cifra exacta de efectivos heridos o lesionados en el ejercicio de sus funciones desde el comienzo de esta crisis.
Finalmente, la asociación exige conocer qué medidas prevé adoptar el Gobierno para evitar que quienes arriesgan la vida de los servidores públicos eludan la acción penal regresando a Marruecos, así como la existencia de protocolos específicos para impedir la impunidad de estos actos.
