Hay preguntas que deberían causarnos incomodidad por el simple hecho de ser formuladas. ¿Cuánto cuesta una casa? ¿Cuánto vale una empresa? ¿Cuánto cuesta un determinado servicio? Son preguntas normales en una sociedad en la que compramos, vendemos y atribuimos valor económico a bienes, trabajo y servicios. Pero ¿cuánto vale una persona? Aquí ya debería haber algo dentro de nosotros que rechazara de inmediato la propia pregunta. Una persona no es una mercancía. No existe un mercado en el que pueda compararse con otra, ser sustituida por un equivalente o ser valorada en función de lo que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Immanuel Kant lo explicó de una forma que ha atravesado los siglos y sigue siendo incómodamente actual. En su Fundamentación de la metafísica de las costumbres distingue entre aquello que tiene precio y aquello que posee dignidad. Lo que tiene precio puede ser sustituido por algo equivalente. Aquello que posee dignidad está por encima de esa equivalencia. Por eso la persona debe ser tratada como un fin en sí misma y nunca únicamente como un medio para alcanzar otra cosa. Parece elemental. Quizá precisamente por eso deberíamos estar preocupados. Porque basta con observar el mundo en el que vivimos para darnos cuenta de que empezamos a comportarnos como si casi todo pudiera tener un precio. Dinero a cambio de influencia. Poder a cambio de silencio. Un cargo a cambio de fidelidad. Un contrato a cambio de un favor. Una decisión a cambio de una ventaja. Una conciencia a cambio de seguridad, estatus o proximidad al poder. Una persona puede poner precio a su conciencia. Puede vender su independencia, su silencio, su decisión, su lealtad o incluso el ejercicio del poder que le ha sido confiado. Lo que verdaderamente no puede vender es su dignidad, porque aquello que posee dignidad no admite equivalente. Lo que sí puede hacer es actuar contra ella. Y quizá una de las tragedias de nuestro tiempo sea que cada vez haya más personas dispuestas a hacerlo por cada vez menos. Naturalmente, la corrupción sigue siendo un problema enorme. Cuando un responsable político acepta dinero para tomar una decisión, cuando un dirigente utiliza su cargo para beneficiar intereses particulares, cuando alguien compra influencia, cuando un regulador deja de regular porque ha sido capturado por aquellos a quienes debería fiscalizar o cuando el poder económico encuentra caminos ocultos para determinar decisiones públicas, estamos ante una seria amenaza para las instituciones. Pero sería demasiado cómodo pensar que el problema ético comienza únicamente cuando existe una corrupción demostrada o cuando alguien cruza la frontera de la ilegalidad. La ética empieza mucho antes que el Código Penal. No todo lo que es legal es necesariamente correcto, prudente o aceptable. Hay regalos, favores, relaciones personales, financiaciones, accesos privilegiados y formas de proximidad que pueden no constituir delito alguno y, aun así, justificar preguntas legítimas sobre independencia, influencia y libertad de decisión. La sospecha nunca puede sustituir a la prueba y sería injusto presumir corrupción simplemente porque existe amistad, generosidad o proximidad entre personas poderosas. Pero también sería ingenuo imaginar que el dinero, los favores y el poder dejan de producir influencia simplemente porque no existe una contraprestación escrita o inmediatamente demostrable. Entre aquello que es claramente inocente y aquello que constituye un delito existe un territorio inmenso en el que viven la ética, la prudencia, la transparencia y la confianza pública. Quizá una sociedad madura debería ser capaz de debatir también sobre ese territorio sin necesidad de transformar cada duda en una acusación y cada pregunta en una condena. Hay, sin embargo, algo todavía más peligroso que la propia corrupción. Es que empecemos a acostumbrarnos a ella. Es la normalización de la transacción moral. Una sociedad todavía posee defensas mientras se indigna cuando alguien se vende. El verdadero peligro comienza cuando deja de preguntarse si una determinada conducta está bien o mal y pasa únicamente a preguntar cuánto recibió, quién se benefició o si, al menos, algo quedó para nosotros. El problema se vuelve mucho mayor cuando el criterio moral es sustituido por el beneficio personal. Ya no importa saber si alguien actuó correctamente. Importa saber si yo obtuve algo de aquello. Y es precisamente ahí donde todo puede empezar a tener un precio. Incluso la democracia. Hace pocos días, en Estados Unidos, Donald Trump prometió entregar 5.000 dólares a cada ciudadano adulto si los republicanos conservan el control de la Cámara de Representantes y del Senado. Jurídicamente, esto no equivale a entregar dinero directamente a cambio de un voto individual y sería intelectualmente deshonesto afirmarlo de ese modo. Pero también sería intelectualmente ingenuo fingir que aquí no existe una cuestión moral de enorme dimensión. ¿Qué relación estamos construyendo entre dinero, poder y libertad electoral cuando se presenta a los ciudadanos una recompensa económica individual condicionada a la victoria de un determinado partido? Ni siquiera es necesario concluir de inmediato que esta propuesta cruza alguna frontera jurídica para comprender que existe una frontera ética que merece ser discutida. La democracia no puede depender únicamente de aquello que la ley consiga prohibir. Depende también de lo que una sociedad considera moralmente aceptable incluso cuando ninguna norma ha sido formalmente vulnerada. Hoy pueden ser 5.000 dólares. Mañana puede ser una ventaja fiscal, una ayuda, un empleo, una obra pública, una licencia, un contrato, un favor o simplemente la expectativa de que determinada proximidad al poder será recompensada. El mecanismo se vuelve peligroso cuando aquello que recibimos empieza a determinar lo que estamos dispuestos a aceptar, callar o elegir. En ese momento, la pregunta deja de ser únicamente política y se vuelve profundamente humana. El problema va más allá de Trump, más allá de Estados Unidos y más allá de este episodio concreto. La pregunta es mucho mayor. ¿Qué le ocurre a una sociedad, y al mundo, cuando empezamos a creer que todo puede comprarse?
Una democracia no existe únicamente porque haya elecciones, parlamentos, tribunales, constituciones y partidos políticos. Todo ello es indispensable, pero existe algo menos visible sin lo cual ninguna de esas estructuras puede sobrevivir durante mucho tiempo. La confianza. La confianza en que una decisión pública ha sido tomada porque se consideró que servía al interés común y no porque alguien pagó más. La confianza en que la ley vale tanto para quien tiene poder como para quien no lo tiene. La confianza en que un juez decide de acuerdo con la ley, que un funcionario ejerce su función con independencia, que un periodista busca la verdad, que un empresario compite conforme a reglas conocidas, que un político representa a quienes lo eligieron y que un ciudadano vota en libertad. Ningún sistema consigue eliminar por completo la corrupción, el oportunismo, la mentira o la ambición. Somos humanos y ninguna arquitectura institucional conseguirá hacernos moralmente perfectos. Precisamente por eso creamos reglas, mecanismos de fiscalización, separación de poderes, incompatibilidades, transparencia y sistemas de rendición de cuentas. El problema comienza cuando incluso esas imperfecciones dejan de incomodarnos. Cuando oímos que un determinado político ha favorecido a alguien y respondemos que todos hacen lo mismo. Cuando aceptamos que alguien utilice el poder para beneficiar a los suyos porque, al fin y al cabo, hizo una carretera en nuestra tierra. Cuando disculpamos aquello que condenaríamos si hubiese sido practicado por el partido adversario. Cuando un alcalde transforma una obra financiada con dinero público en un favor personal por el que los ciudadanos deberían sentirse agradecidos. Cuando el alumbrado público, una escuela, un centro de salud, una carretera o una ayuda social dejan de ser vistos como decisiones realizadas con recursos de la comunidad y pasan a presentarse como dádivas de quien gobierna. Cuando el ciudadano agradece al gobernante como un favor aquello que el Estado tenía la obligación de garantizar como derecho o servicio público, algo ha empezado ya a degradarse en la propia idea de democracia. Esto no significa que cada carretera tenga necesariamente que construirse, que todos los servicios puedan existir en todas partes o que los recursos públicos sean infinitos. Significa algo bastante más sencillo. El dinero público no pertenece a quien gobierna. Los servicios del Estado no son regalos personales de ministros, presidentes, alcaldes o partidos. Aquello que es de todos no puede utilizarse para comprar la gratitud de algunos. Porque en el momento en que un ciudadano deja de sentirse titular de derechos y empieza a sentirse deudor de favores, deja también de relacionarse con el poder plenamente como ciudadano y se aproxima peligrosamente a la condición de cliente. Y una democracia de clientes se convierte en terreno fértil para quien esté dispuesto a ofrecer más. Si mi voto depende de lo que recibo, entonces dejo de preguntarme cuál es la mejor política para la sociedad y empiezo a preguntarme quién me da más a mí. El bien deja de ser aquello que es justo y pasa a ser aquello que me beneficia. El bien común empieza entonces a desaparecer, no a través de una gran revolución, sino mediante miles de pequeñas cesiones perfectamente justificables a los ojos de quienes se benefician de ellas. Quizá sea también por eso por lo que los extremos ganan terreno. Cuando demasiadas personas empiezan a creer que la democracia ha sido comprada, que las élites viven protegidas, que los poderosos escapan a las reglas y que la política ha dejado de representar a quienes trabajan, pagan impuestos y cumplen la ley, aparece inevitablemente quien promete destruirlo todo para empezar de nuevo. La indignación puede ser legítima. La solución puede ser desastrosa. La Historia europea del siglo XX debería habernos vacunado contra la seducción del hombre providencial, pero ninguna generación posee inmunidad moral frente al autoritarismo. La sociedad que permitió el ascenso de Hitler no estaba formada por seres humanos diferentes de nosotros. Otros regímenes autoritarios también crecieron alimentándose del miedo, la humillación, la crisis, el resentimiento, la propaganda y la promesa de restaurar un orden que supuestamente las instituciones ya no conseguían garantizar. Sería absurdo utilizar la Historia para llamar Hitler a cualquier político contemporáneo que no nos guste. Eso banalizaría a Hitler y nos impediría aprender lo que realmente importa. La lección es otra. Hay pueblos que, indignados porque creen que la democracia ha sido comprada, terminan ofreciendo gratuitamente su libertad a quien promete purificarla. La Historia ya ha demostrado el precio de esa ingenuidad. El autoritario casi siempre empieza pidiendo poder para corregir aquello que los demás hicieron mal. Después descubre razones para conservar ese poder. Y una sociedad que pretendía liberarse de los políticos que consideraba vendidos puede terminar entregando aquello que todavía poseía de más valioso, la posibilidad de sustituirlos libremente. La democracia nos permite apartar a malos gobernantes. Ninguna frustración debería convencernos de entregar ese derecho a alguien que promete gobernar tan bien que ya no volveremos a necesitarlo.
Pero quizá sea demasiado fácil terminar aquí. Sería cómodo señalar a presidentes, ministros, banqueros, empresarios, reguladores, alcaldes, periodistas y dirigentes y concluir que ellos son el problema. Kant nos obliga a ir más allá. La moral no empieza únicamente en aquello que exigimos a los demás. Empieza en lo que hacemos cuando nadie nos obliga a elegir correctamente. ¿Cuánto cuesta mi silencio? ¿Cuánto cuesta mi opinión? ¿Cuánto cuesta conseguir que finja que no he visto? ¿Cuánto cuesta convencerme de que aquello que ayer consideraba incorrecto ha dejado hoy de serlo porque beneficia a mi familia, a mi empresa, a mi ciudad, a mi partido o a mi país? ¿Por cuánto cambiaría una convicción? ¿Por cuánto aceptaría una injusticia que no me afecta directamente? ¿En qué momento dejaría de defender a alguien si esa defensa empezara a perjudicar mi carrera, mi reputación o mis intereses? Es fácil creer que no tenemos precio mientras nadie haya hecho una oferta lo bastante difícil de rechazar. Y quizá por eso la integridad tiene muy poco de espectáculo. No suele aparecer en las noticias. Rara vez recibe medallas. Muchas veces nadie llega siquiera a saber que existió. Es el funcionario que se niega a alterar un documento. Es el empresario que prefiere perder un negocio antes que pagar para conseguirlo. Es el político que dice una verdad sabiendo que probablemente perderá votos por decirla. Es el periodista que publica un hecho que perjudica la posición ideológica con la que personalmente se siente más próximo. Es el trabajador que se niega a participar en una injusticia aun sabiendo que eso puede traerle problemas. Es el ciudadano que denuncia el comportamiento de su propio partido con la misma firmeza con la que denunciaría al adversario. Es también la persona corriente que rechaza un pequeño favor ilegítimo cuando nadie llegaría jamás a descubrir que lo recibió. Ninguno de estos gestos cambiará por sí solo el mundo. Y está bien que así sea. Quizá hayamos depositado demasiada esperanza en grandes revoluciones que prometen reconstruir sociedades enteras y crear seres humanos nuevos. Algunas de las mayores tragedias de la Historia comenzaron precisamente con esa ambición. Podemos elegir otro camino. Podemos sembrar. Podemos educar. Podemos transmitir con el ejemplo. Podemos cambiar aquello que está a nuestro alcance, una familia, una empresa, una institución, una comunidad y una decisión cada vez. Las sociedades no evolucionan únicamente a través de las grandes leyes o de los acontecimientos que entran en los libros de Historia. Evolucionan también mediante millones de pequeñas decisiones que determinan aquello que una generación considera aceptable y aquello que ya no está dispuesta a tolerar. El dinero puede comprar muchas cosas que deseamos. Una sociedad libre depende de la existencia de cosas que nos negamos a vender. La conciencia. La verdad. La palabra dada. La libertad de pensar. La independencia necesaria para decir no. El compromiso con aquello que sabemos que es justo incluso cuando nos perjudica. Quizá nunca consigamos eliminar la corrupción. Podemos, sin embargo, negarnos a que la corrupción se convierta en cultura. Podemos impedir que el beneficio propio se transforme en el único criterio desde el que miramos a la sociedad. Podemos volver a comprender que no existe verdadera libertad cuando cada persona se ocupa únicamente de su pequeño interés y deja de preocuparse por lo que les ocurre a los demás. Porque el bien común no es lo contrario del bien individual. Es aquello que permite que los bienes individuales puedan seguir existiendo en una sociedad en la que todos poseen la misma dignidad. ¿Cuánto vale una persona? Quizá la pregunta esté equivocada. Una persona no debería valer aquello que alguien esté dispuesto a pagar por ella. Lo que posee dignidad no tiene equivalente. Pero hay una pregunta de la que quizá ya no podamos escapar. ¿Y tú? ¿Cuál es tu precio? ¿Lo has pensado alguna vez? Quizá la integridad no se decida cuando llega la propuesta. Se decide mucho antes, cuando determinamos aquello que, pase lo que pase, no está en venta.
