Un total de 43.943 potenciales electores en Galicia se han visto directamente afectados por la paralización cautelar del censo derivada de la «ley de nietos» (Ley de Memoria Democrática). La medida golpea de lleno a la comunidad exterior gallega: por provincias, A Coruña encabeza el volumen de afectados con 15.215 inscritos, seguida de Pontevedra (13.476), Ourense (7.983) y Lugo (7.266).
La resolución del Tribunal Supremo suspende las altas en el censo para la mayoría de beneficiarios, principalmente residentes en la diáspora argentina, a la espera de una sentencia firme. La medida ha reabierto un encendido debate político por el viraje ideológico del Partido Popular: mientras que históricamente tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda prometieron al otro lado del Atlántico que la diáspora y sus descendientes tenían el derecho inalienable a ser reconocidos plenamente como gallegos y españoles, la dirección de la formación ha secundado en los últimos meses el recelo ante el crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Este cambio de postura ha generado duras críticas entre asociaciones judiciales y de la emigración, que recuerdan los compromisos asumidos durante años en la emigración galaica. Con un censo exterior que en Galicia asciende a 513.862 ciudadanos, el bloqueo judicial frena la incorporación de miles de nuevos electores que contaban con ejercer su derecho tras haber obtenido la nacionalidad.
