Los servicios de inteligencia y de seguridad españoles y estadounidenses están trabajando intensamente en torno a los riesgos que han surgido con la invasión de inmigrantes ilegales en Ceuta. Hay sospechas y algún indicio de que algunos de los yihadistas que entraron y permanecen sin ser localizados han utilizado lanchas rápidas y rutas clandestinas de las mafias del narcotráfico y el tráfico de personas, así como de grupos islamistas afines, para cruzar a España y desplazarse libremente por el país y por Europa. Otros yihadistas permanecen ocultos y a la espera de cruzar a la península o cómo células durmientes.
Las fuerzas de seguridad que se encargan de hacer investigación y seguimiento de este asunto son:
Policía Nacional (Comisaría General de Información – CGI): Lidera formalmente la investigación y el rastreo de los fugitivos. Sus agentes antiterroristas cotejan las bases de datos biográficas y analizan imágenes de satélite, cámaras del perímetro fronterizo y publicaciones en redes sociales, entre otras tareas.
Guardia Civil (Jefatura de Información – JIGC): Centra sus esfuerzos en el control territorial y fronterizo. Sus unidades de información en Ceuta y el Servicio Marítimo en el Estrecho de Gibraltar monitorizan de forma exhaustiva las playas y las rutas de embarcaciones rápidas («narcolanchas») para interceptar cualquier intento de fuga por mar hacia las costas de Andalucía o Murcia.
CNI (Centro Nacional de Inteligencia): Opera de forma estratégica y recopilando información clave. El CNI aporta los dossieres de información más críticos. Su labor actual se centra en interceptación de comunicaciones, balizamiento digital y la cooperación directa con la inteligencia de Marruecos, de Estados Unidos y de otros países para predecir los movimientos de las células yihadistas y rastrear posibles redes de apoyo económico y de infraestructura en España.
El mayor temor de la CGI es el perfil de los Foreign Fighters (combatientes extranjeros retornados de Siria e Irak). Al ser individuos con cierta instrucción militar y veteranos en escenarios de guerra, se sospecha que cuentan con la capacidad y los contactos para obtener documentación falsa y moverse sin ser detectados. Esto les permitiría viajar camuflados como ciudadanos corrientes, burlando los controles biométricos y documentales rutinarios y otras medidas de seguridad.
Toda la información que se obtiene (incluyendo huellas dactilares y rasgos de reconocimiento facial) es compartida con el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) y agencias internacionales como Europol, ante el riesgo de que traten de utilizar España como un territorio de tránsito para llegar a otros países de Europa.
CIA, FBI, DIA y NSA: la inteligencia estadounidense presta apoyo a los españoles con información confidencial, imágenes de satélite, interceptaciones telefónicas, perfiles de yihadistas, centros de operaciones islamistas en España y Europa, rastreo financiero y seguimiento de células yihadistas, entre otras actividades. También preocupan y se hace especial seguimiento de los adoctrinadores radicales infiltrados en Ceuta porque sus actividades no requieren de una especial preparación, pero su impacto e influencia implica riesgos evidentes de ataques terroristas y organización de grupos de apoyo a los extremistas.
La ocupación de Ceuta por miles de inmigrantes ilegales ha posibilitado que el peligro yihadista entre en España, vía Ceuta, donde desde hace años cuentan con células activas (algunos ya detenidos, pero otras aún libres). Es otro de los riesgos que debe afrontar el gobierno español (el de Sánchez o el del que salga de las urnas en noviembre), y no es uno menor. También justifica plenamente el nivel de alerta antiterrorista 4 (NAA 4) establecido por riesgo de ataques terroristas sobre una escala de 5, lo que equivale a un riesgo alto. Esto implica una movilización intensa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Guardia Civil y policías autonómicas) y un incremento de la vigilancia en infraestructuras críticas (como aeropuertos, estaciones de tren y nudos de transporte, entre otras), además de una mayor presencia policial en calles, grandes aglomeraciones y puntos de interés estratégico o diplomático. Actualmente, el Ministerio del Interior evalúa semanalmente la situación a través de una mesa de valoración de la amenaza. Aunque no se ha subido al nivel 5 (riesgo muy alto e inminente, que requeriría la presencia del Ejército en las calles), el nivel 4 reforzado permite desplegar dispositivos especiales ante picos de tensión internacional o eventos de especial impacto, como es el caso.
