Hay algo inquietante sucediendo en Europa. En Francia, miles de estudiantes han salido a la calle por razones que no deben ser menospreciadas. Falta de profesores, centros educativos deteriorados, aulas masificadas, desigualdades que se hacen especialmente visibles precisamente en el lugar donde una sociedad debería intentar corregirlas. Protestar es un derecho y, muchas veces, una necesidad. El problema comienza cuando, en el interior de una causa legítima, aparecen quienes incendian centros educativos, destruyen propiedad pública y privada, agreden a profesores, policías u otros ciudadanos, y la frontera entre protesta y violencia empieza a desaparecer. ¿Qué ocurre cuando una causa legítima tolera, dentro de sí misma, a quienes la destruyen? Quien organiza una manifestación tiene también cierta responsabilidad moral de proteger la legitimidad de su propia causa frente a quienes la transforman en violencia. No significa que un estudiante pacífico sea responsable del delito cometido por otro. Significa simplemente reconocer algo aparentemente elemental. El derecho a protestar no incluye el derecho a destruir. Tal vez una de las grandes fragilidades del siglo XXI sea que hemos aprendido a reivindicar derechos mucho más deprisa de lo que hemos aprendido a asumir responsabilidades. Y esto no ocurre únicamente en las calles. En España, sucesivas negociaciones parlamentarias, alianzas improbables, decretos sobre vivienda preparados para conseguir mayorías que finalmente no llegaron, la convocatoria anticipada de elecciones, procesos judiciales que afectan a personas próximas al poder y una crisis en Ceuta que continúa planteando preguntas sobre qué se comunicó, cuándo se comunicó y cómo respondió el Estado componen un panorama político difícil de ignorar. Sobre Ceuta existen versiones contradictorias y una investigación en curso. Sin pruebas, no es posible convertir sospechas en hechos ni atribuir responsabilidades que todavía están siendo investigadas. Pero es legítimo preguntarse cómo una crisis de aquella magnitud pudo encontrarse con un Estado aparentemente sorprendido por acontecimientos sobre los que, según testimonios prestados ante la Justicia, habían existido alertas previas. Tampoco es ilegítimo negociar en democracia. Al contrario, la política exige negociación. La cuestión empieza a ser otra cuando ya no conseguimos distinguir si se negocia para gobernar un país o si se gobierna para mantener las condiciones necesarias para la siguiente negociación. Francia y España son realidades diferentes y sería absurdo confundirlas. Pero tal vez estén mostrando síntomas de una fragilidad europea más profunda. Gobiernos que no gobiernan. Solo reaccionan. Reaccionan ante la protesta, las encuestas, la próxima votación, el aliado imprescindible, la crisis que ya ha estallado, el acontecimiento que ha llegado a las televisiones. Y cuando ciudadanos y gobernantes pasan gran parte de su tiempo reaccionando, cada vez queda menos tiempo para construir.
Tal vez sea por eso por lo que empieza a reaparecer, en distintos lugares y a través de fenómenos que no son equivalentes, la búsqueda de algo que las sociedades contemporáneas parecían considerar superado. Autoridad. Dirección. Estructura. Pertenencia. Límites. Un estudio publicado este año, utilizando datos del European Social Survey en treinta países europeos, concluyó que el 52% de los encuestados consideraba aceptable, en algún grado, la posibilidad de un líder fuerte situado por encima de la ley. El dato no significa que la mitad de los europeos quiera vivir en una dictadura. Sería una interpretación abusiva. Pero sí significa que existe una vulnerabilidad que merece atención, sobre todo porque la apertura hacia este tipo de liderazgo aparece asociada, entre otros factores, a la inseguridad, la marginación y una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la democracia. Cuando las instituciones democráticas dejan de transmitir capacidad de decisión, previsibilidad y dirección, alguien terminará ofreciendo esas cosas. La Historia europea ya ha demostrado que no siempre quien promete restaurar el orden pretende servir al bien común. En algunas ocasiones, la promesa de orden fue únicamente el camino utilizado para alcanzar un poder que después dejó de aceptar límites. El deseo de autoridad no es necesariamente autoritario. Al contrario, una democracia también necesita autoridad. La autoridad democrática es la capacidad legítima de decidir, asumir las consecuencias, hacer cumplir las reglas comunes, defender la libertad y proteger el bien común. Una escuela en la que el profesor ha dejado de poder ejercer autoridad no es necesariamente más libre. Una familia incapaz de establecer límites no prepara necesariamente mejor a un niño para la autonomía. Un Estado que teme aplicar las reglas establecidas democráticamente no se vuelve automáticamente más democrático. Puede volverse simplemente más débil.
Tal vez deberíamos preguntarnos qué ha sustituido a aquellas instituciones que, durante generaciones, obligaban a jóvenes de orígenes muy distintos a descubrir que vivir en sociedad significa también cumplir reglas, aceptar la autoridad legítima, servir a otros y comprender que la libertad personal termina donde comienza la integridad del prójimo. No se trata de idealizar el pasado ni de afirmar que el servicio militar obligatorio resolvería los problemas de la juventud. Muchas de aquellas instituciones tenían defectos y algunas prácticas no deberían regresar. La pregunta es otra. ¿Dónde se aprende hoy que pertenecer significa también servir? ¿Dónde se encuentra una persona con aquellos a quienes no ha elegido, aprende a cumplir una tarea incluso cuando no le apetece y descubre que no todas las reglas existen para ser negociadas hasta hacerlas coincidir con su propia voluntad? Tal vez sea también por eso por lo que algunos jóvenes buscan movimientos políticos más radicales, mientras otros regresan a formas religiosas más tradicionales, a antiguos rituales o a comunidades donde encuentran silencio, continuidad, jerarquía y pertenencia. No son fenómenos iguales y sería injusto situarlos en el mismo plano. Pero pueden revelar necesidades parcialmente semejantes. ¿Por qué una generación criada en una cultura de elección casi ilimitada empieza, en determinados contextos, a buscar precisamente aquello que la modernidad le dijo que ya no necesitaba —ritual, permanencia, silencio, límite, jerarquía, pertenencia y continuidad—? Tal vez porque poder elegirlo todo no es lo mismo que saber hacia dónde ir. Una sociedad extremadamente líquida, donde las relaciones, el trabajo, la identidad, la información y las referencias parecen permanentemente negociables, puede crear un ser humano formalmente más libre y, al mismo tiempo, profundamente desorientado. Y cuando aumenta la inseguridad, la primera búsqueda no siempre es la del bien común. Muchas veces es simplemente la recuperación de nuestro propio bienestar, de nuestra estabilidad, de la sensación de que alguien ha vuelto finalmente a controlar aquello que parece haber perdido toda dirección. Es en ese momento cuando una promesa sencilla puede resultar extraordinariamente seductora.
Todo esto sucede en un momento especialmente delicado. Hay una guerra en territorio europeo. Rusia continúa atacando Ucrania y las instituciones europeas y atlánticas vienen denunciando operaciones de sabotaje, ciberataques, desinformación, interferencias y otras formas de presión híbrida dirigidas contra países europeos. No existen elementos que permitan atribuir las protestas francesas, la inestabilidad política española o el descontento social europeo a una operación organizada desde Moscú. Afirmarlo sin pruebas convertiría una preocupación legítima en una acusación sin fundamento. Pero también sería ingenuo ignorar que las sociedades fragmentadas, polarizadas y cada vez más desconfiadas de sus propias instituciones ofrecen condiciones especialmente favorables para que terceros exploten, amplifiquen o instrumentalicen divisiones que ya existen. La fractura puede ser nuestra aunque alguien desde fuera aprenda a utilizarla. Tal vez por eso la verdadera seguridad europea no pueda medirse únicamente por el número de soldados, aviones, drones o por el porcentaje del PIB destinado a defensa. Una Europa fuerte necesita también sociedades suficientemente cohesionadas como para discrepar sin destruirse. Necesita gobiernos capaces de anticiparse en lugar de esperar a la siguiente crisis, de decidir sin confundir autoridad con autoritarismo y de explicar a los ciudadanos que gobernar no siempre significa dar a todos aquello que desean. Necesita igualmente ciudadanos que comprendan que la democracia les reconoce el derecho a discrepar precisamente porque les exige reconocer ese mismo derecho a los demás.
Tal vez estemos ante una Europa que busca autoridad, dirección y pertenencia sin haber decidido todavía dónde quiere encontrarlas. Y ese vacío no permanecerá vacío para siempre. Cuando la democracia deja de ofrecer referencias, siempre aparecerá alguien dispuesto a ofrecerlas, casi siempre presentando respuestas simples para problemas extraordinariamente complejos. El peligro no está en querer gobiernos que gobiernen. Debemos exigirlo. El peligro comienza cuando, cansados de gobiernos que se limitan a reaccionar, estamos dispuestos a entregar demasiado poder a quien promete decidirlo todo por nosotros. No necesitamos menos democracia. Necesitamos democracias más adultas. Con libertad y responsabilidad. Con autoridad y límites. Con derechos y deberes. Con capacidad para protestar sin destruir, para gobernar sin sobrevivir permanentemente a la siguiente votación y para pensar más allá de la próxima crisis. Porque tal vez la pregunta que Europa debería hacerse ya no sea únicamente quién la gobernará durante los próximos años. Hay una pregunta anterior y mucho más inquietante. Si Europa no vuelve a aprender a gobernarse, ¿quién acabará decidiendo por ella?
